La directora de la ONG Justicia y Proceso, Theresly Malavé, informó que hay 17 presos políticos tras las rejas a pesar de tener boletas de excarcelación.
La abogado Theresly Malavé informó este martes que existen 17 presos políticos que tienen boletas de excarcelación, otorgadas por los distintos jueces que manejan los casos. Apuntó que esa cifra es la que maneja la ONG Justicia y proceso porque los familiares se han atrevido a denunciar los casos y a recurrir a los distintos organismos del Estado venezolano. Sin embargo Malavé cree que puedan existir en el país muchos más casos similares a estos, pero que aún no han salido a la luz pública.
La también representante del movimiento Todos por la Libertad, detalló que el proceso legal establece que inmediatamente que el juez decreta la libertad al recluso, el preso, no debe volver al centro de reclusión, pero según Malavé los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) han tomado el control y los mantienen presos.
“El Sebin no tiene ninguna justificación legal, lo que está haciendo es violar completamente la Constitución y eso solo ocurre porque vivimos en un país de anarquía, explicó Malavé.
La abogado indicó que lo que está realizando el Sebin es un delito y significa un trato cruel e inhumano a los presos políticos, al tiempo que aseguró que la Fiscalía General de la República, la Defensoría del Pueblo y los jueces encargados de los casos, tienen conocimiento de la situación, por lo que los exhortó a cumplir sus funciones e iniciar las investigaciones correspondientes.
Malavé explicó que actualmente hay 14 funcionarios de la policía de Chacao detenidos con orden de excarcelación entre los que se encuentran los supervisores jefes: Eduardo Martínez, María Santos, Miguel Jonosky, así como el oficial jefe, Jhonny Velásquez. Igualmente están Victor Ugas y los activistas de Voluntad Popular, Yon Goicochea y el concejal José Vicente García.
De los 17 presos políticos que presentan esta situación, Iris Azócar, mamá de Victor Ugas, comentó que su hijo está injustamente detenido desde el 11 de octubre del 2014 y con orden de excarcelación desde el 9 de julio del 2015: “Ellos prometieron beneficios de los cuales ninguno han cumplido, mientras que nosotros hemos acatado todos los requerimientos por parte del Tribunal”, explicó.
Ugas es acusado de delito informático y uso indebido de imagen.
Durante su tiempo como recluso, ha sufrido varios episodios traumáticos como paros respiratorios y asma, y no se le ha prestado la asistencia médica correspondiente y ni siquiera lo dejaron asistir al sepelio de su padre que murió en noviembre del 2015, siendo este solo un ejemplo de violación a los derechos humanos, de los tantos que actualmente existen en Venezuela.