La organización Amnistía Internacional aseguró que el Gobierno de Nicolás Maduro, extiende su control con el allanamiento a viviendas.
Amnistía Internacional alertó que, en medio de una política de represión de la población, el Gobierno venezolano ha extendido su control con el allanamiento ilegal de viviendas y ataques a zonas residenciales por fuerzas de seguridad.
“Se trata de un mecanismo más de represión, un mecanismo que está llevando la represión de las calles a la vida privada y al espacio privado de las personas, generando una situación de terror”, dijo a Efe Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
El día en que se presenta el informe “Noches de terror: Ataques y allanamientos ilegales a viviendas en Venezuela”, Guevara-Rosas explicó que los allanamientos, la mayoría enmarcados en las masivas protestas de la oposición de abril a julio que dejaron más de 120 muertos, agravan la “violación de derechos humanos” en ese país y violan “los estándares internacionales”. Para la elaboración del informe, un grupo de expertos de la ONG viajó a cuatro ciudades venezolanas -en los estados de Miranda, Carabobo y Lara, además del Distrito Capital (Caracas)- con un elevado número de allanamientos, y también recogieron datos de entidades civiles locales.
“No tenemos registros precisos, pero sabemos que hay reportes y denuncias de por lo menos 47 allanamientos ilegales en 11 estados” sin saber si han desencadenado detenciones, indicó la representante de AI.
El informe destaca que hay “evidencia de que, inmediatamente después de las manifestaciones, los cuerpos de seguridad del Estado se dirigían hacia el interior de los edificios y zonas residenciales”. Pero algunos allanamientos se producían “muchas horas después”, y en unos y otros se incumplía la propia legislación venezolana que exige una orden judicial para los registros domiciliarios. Entre quienes acogían a manifestantes en sus casas, hubo incluso detenciones arbitrarias “de cortoplazo” y violencia.
“Es alarmante que en todas las comunidades entrevistadas fue consistente el relato de uso de violencia como golpes con las armas o patadas a las personas que estaban siendo arrestadas”, señala el informe.
Según el testimonio de algunas de las 120 personas entrevistadas, también hubo uso de armas de fuego y gases lacrimógenos, destrozo de las zonas residenciales y robo de objetos dentro de las propiedades como relojes, computadores o teléfonos móviles. En ocasiones los allanamientos los llevaban a cabo grupos de civiles armados que “operan en paralelo y, de alguna manera, con el apoyo de las autoridades”, explicó Guevara-Rosas. Por ello, Amnistía Internacional considera “incuestionable” que Venezuela, bajo el Gobierno de Nicolás Maduro, padece una “crisis inconstitucional”.