Diputados y ex parlamentarios reiteran que el Arco Minero del Orinoco permite la minería en zonas de resguardo ambiental.
A propósito del anuncio que recientemente hiciera el ministro para la Defensa y Comandante Estratégico Operacional, Vladimir Padrino López, con respecto a la activación de unidad especial para el Arco Minero del Orinoco; son reiteradas las denuncias en contra de esta nueva política del Gobierno nacional, sobre la que aseguran permite la minería ilegal en zonas de resguardo ambiental.
El decreto del Arco Minero del Orinoco permitiría la explotación minera en los ríos Caroní, Caura, Paragua, así como en la Reserva Forestal de Imataca y el Parque Nacional Canaima.
No solo la dirigencia opositora se ha pronunciado en contra; desde las filas del oficialismo también lo ha hecho la ex diputada Ana Elisa Osorio y la Corriente de Marea Socialista.
El diputado a la Asamblea Nacional por el sur del estado Bolívar, Américo De Grazia, informó sobre el equipo del parlamento que hará seguimiento al Arco Minero del Orinoco, el cual estará integrado por las comisiones de ambiente, minas y la indígena.
“Para ello estamos instrumentando una planilla de recolección de firmas que va más allá de la propia Asamblea Nacional, con la idea de incorporar a todos los venezolanos en defensa de la naturaleza y adherirnos a la acción legal ante el Tribunal Supremo de Justicia, que pretende inhabilitar el decreto presidencial”, explicó De Grazia.
Destrucción ambiental
Mientras el gobierno habla de la salvación del planeta en su ‘Plan de la Patria’, el diputado advierte sobre las consecuencias ambientales que implicaría no solo para los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, sino para toda Venezuela, Sudamérica y el planeta en general.
“Los del gobierno hablan de salvar el planeta como Plan de la Patria, pero con esta acción lo que harán será destruir la naturaleza de la patria, destruir la cuenca hidrográfica del Caroní, afectando la represa de Guri y el Parque Nacional Canaima”, detalló.
La dirigente del Movimiento Ecológico de Venezuela (Movev), Pastora Medina, por su parte calificó de inconstitucional el decreto del Arco Minero, alegando la explotación minera en los ríos que concentra la mayor biodiversidad del país, representando el 9% de la biodiversidad mundial, por lo que afectaría la Amazonía y contribuiría al calentamiento global.
«Apenas a 5 kilómetros de Canaima se inicia la explotación, esto no le va a generar ningún bienestar a Venezuela (…) ¿ustedes se imaginan lo que ocurrirá cuando acaben con las fuentes de vida que significan las reservas del Caura, Imataca y Paragua, con el Caroní? Eso sería un crimen”, acotó Medina.
Recursos perdidos
El presidente Nicolás Maduro se vanagloria de un contrato para explotar el Arco Minero, bajo el argumento de ingreso por 4 millones y medio de dólares. Sin embargo, alrededor de un billón de dólares es lo que ha ingresado al país en más de 15 años, sin que esos recursos se hayan invertido eficientemente en el país.
Por otra parte, el dirigente Andrés Velásquez cuestiona que se priorice la entrada de divisas al país por sobre la conservación del ambiente y la vida de los venezolanos.
“¿Qué tan significativos pueden ser esos recursos económicos si representan la destrucción de nuestros bosques, biodiversidad, pueblos indígenas y la liquidación de millones de especies silvestres ubicadas en estas zonas?, ante eso no hay trueque económico que lo pueda justificar”, expuso Velásquez.
Maduro, por su parte, compartió a través de su cuenta en Facebook una infografía donde explica el Motor Minero, “que impulsa el desarrollo integral del Arco Minero del Orinoco«, basándose en la «conformación de empresas mixtas, a través de la inversión pública y privada, de empresas nacionales y extranjeras, bajo un concepto novedoso, donde utilizamos la tecnología de punta para la conservación ambiental, recuperación de cauces de nuestros principales ríos, protección de las comunidades y pueblos indígenas adyacentes, así como el resguardo soberano del sur de nuestro país”.