El observatorio Kapé Kapé denuncia nuevamente la violación del Gobierno al imponer de forma inconsulta el proyecto del Arco Minero del Orinoco.

Son reiteradas las denuncias que los pueblos indígenas han hecho sobre la imposición del proyecto del Arco Minero del Orinoco de manera inconsulta. Pese a ello, el Gobierno sigue adelante en sus planes.

El Observatorio Indígena Kapé Kapé denuncia que «los pueblos indígenas de Venezuela acumulan décadas de exclusión e injusticia social, pero de la misma manera son símbolo de resistencia. Venezuela es cuna de más de 30 etnias indígenas, que conforman las raíces históricas del país. Estos pueblos han atravesado por un sin número de transformaciones políticas y sociales en las que, en contadas ocasiones han sido protagonistas, pero siempre luchadores y defensores de sus tradiciones y dignidad».

Destacan que a pesar de la participación cada vez más activa de líderes indígenas, son muchos los impedimentos que se encuentran para hacer valer los derechos que tienen consagrados en la Constitución, entre ellos la imposición del Arco Minero sin la consulta previa a los pueblos indígenas.

La incursión de la minería en sus tierras, hoy amenaza con magnificarse gracias al proyecto del Arco Minero, que contempla la explotación en territorios que dan cobijo al menos a 100 comunidades indígenas.

Violación a la Constitución

Aunque la consulta previa está consagrada en la Constitución y en la Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas, los pueblos y comunidades indígenas que se verán afectados por no fueron consultados como lo establecen estos instrumentos legales, e incluso en convenios internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales (OIT).

«Transculturización, desplazamiento, enfermedades endémicas, violencia, corrupción y prostitución, son algunas de las secuelas que ha dejado la actividad minera a pequeña y mediana escala en tierras indígenas, amenazas que pueden multiplicarse exponencialmente a raíz de este proyecto que, aunque fue aprobado desde 2016, no ha contado con un instrumento legal de validación por parte de estos pueblos», denuncia la organización.