“Así como Conatel lleva un control necesario por parte de los medios de comunicación convencionales, también lo hará con las redes sociales”, Jorge Rodríguez

El ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, adelantó que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones Conatel podría encargarse de un control en las redes sociales tal y como lo hace con los medios de comunicación que funcionan en el espectro venezolano.

“Así como Conatel lleva un control necesario por parte de los medios de comunicación convencionales, también lo hará con las redes sociales”, señaló Rodríguez tras una reunión con la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Delcy Rodríguez para la discusión de la recién aprobada Ley contra el Odio.

“Estableceremos los mecanismos tecnológicos necesarios para impedir que cualquier proceso político, social tome las redes sociales como nicho de impunidad”, subrayó Rodríguez, quien indicó que esta es una “ley para las personas segregadas, para las personas que se han sentido agredidas o discriminadas por alguna condición que otras puedan considerar como minoritaria”, expresó.

Rodríguez recordó que el objetivo de esta legislación es impedir que se repitan los hechos de violencia, persecución y discriminación como los registrados durante las protestas iniciadas en el mes de abril y en las que fallecieron más de 130 personas y otro ciento resulto herida.

El fin de semana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó de que la Ley contra el Odio en Venezuela puede “impedir de forma severa” el ejercicio del derecho a la Libertad de Expresión y “generar un fuerte efecto intimidatorio” incompatible con una sociedad democrática.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, expresó en un comunicado, su preocupación por la aprobación de esa Ley contra el Odio en Venezuela, que considera amenaza a partidos políticos, medios y ciudadanos por parte de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela.

Por tanto, la Relatoría Especial de la CIDH cree fundamental que las autoridades “dejen sin efecto” la ley y promuevan “una discusión abierta y participativa sobre la cuestión de la incitación a la violencia”.

La Relatoría pide, además, rectificar los aspectos de la ley “que podrían conducir a una grave afectación del derecho a la libertad de expresión en Venezuela”.

La denominada Ley contra el Odio en Venezuela establece “sanciones penales exorbitantes y facultades para censurar a medios tradicionales e Internet, en contradicción con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión”, denunció la Relatoría.

La ley contempla penas de hasta 20 años de cárcel y restringe de manera general las opiniones contrarias al Gobierno al afectar a la oposición política, la protesta ciudadana, los medios de comunicación y las redes sociales.

Varios aspectos de la ley resultan particularmente “alarmantes” para la Relatoría, entre ellos “el uso de figuras vagas y sanciones exorbitantes e imprescriptibles para penalizar expresiones de interés público”.

También “la imposición de gravosas obligaciones a todos los medios de comunicación, entre ellas la supresión y retiro de información de interés público”, e igualmente “la amplia posibilidad otorgada al Estado de utilizar los medios de comunicación e imponer contenidos”.

Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, consideró  en una entrevista en Washington, “alarmante” la Ley contra el Odio en Venezuela y alertó que “tendrá el efecto sistemático de inhibir la crítica al interior del país”.

La ley fija “tipos penales absolutamente abiertos, se crean las condiciones para perseguir al enemigo interno y entrar a un Estado absolutamente totalitario”, advirtió Lanza.

La iniciativa, cuyo nombre completo es “ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia”, ha sido rechazada por el Parlamento venezolano, al considerar que busca sembrar miedo en los medios de comunicación, los partidos políticos y la sociedad en general.

La CIDH, órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), ha pedido este año tres veces al Gobierno de Venezuela que le permita hacer una visita al país para analizar la situación de derechos humanos, solicitud que ha sido rechazada.

 

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