Luis Gámez fue detenido por el Sebin el 21 de mayo al, presuntamente, intentar ingresar a paramilitares en Bolívar.
Dos meses han transcurrido desde que el diputado del Consejo Legislatio en el estado Bolívar (CLEB), Luis Gámez, fuese detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Intelgencia Nacional (Sebin) en un punto de control en Upata, por presuntamente intentar ingresar a un grupo de paramilitares en Bolívar.
Trascendió que este miércoles el parlamentario que permanece recluido en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en Caracas, será trasladado hasta Ciudad Bolívar, para su audiencia de presentación pautada para este jueves.
Mientras tanto, en el CLEB se ha mantenido el hermetismo. De la detención de Gámez no se habla. De los paramilitares en Bolívar, tampoco. Mucho menos habiendo transcurrido hace pocos meses la masacre de Tumeremo y las denuncias que todavía pesan sobre el gobierno, en relación a las mafias en las minas al sur del estado.
Lo cierto es que en el caso hay más funcionarios del gobierno involucrados. Aunque lo ha negado, fuentes del Sebin confirmaron que el diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Aldrín Torres, estuvo detenido por unas horas. Junto con él hay por lo menos 15 involucrados más.
Reclusión en Caracas
La detención de Gámez se hizo bajo la condición de flagrancia. Aunque le correspondía arresto domiciliario por su inmunidad parlamentaria, repentinamente fue trasladado hasta la sede del Dgcim en Caracas. Allegados a la familia aseguraron que esto obedeció por amenazas de muerte contra el diputado, mientras que familiares catalogaron el hecho como un secuestro.
“Si lo dejaban en su casa, capaz aparecía muerto. En el PSUV temen que Gámez hable y lo suelte todo. Hasta en los pasillos del CLEB los otros diputados comentaron que quien lo delató fue Aldrín Torres”, a quien señalan como presunto facilitador para el ingreso de paramilitares en Bolívar, dijo una fuente que solicitó el anonimato.
Familaires de Gámez llegaron a responsabilizar al gobernador Francisco Rangel Gómez, el diputado Diosdado Cabello y hasta al presidente Nicolás Maduro por lo que pudiera ocurrir con Gámez. A su vez, alegan que todo se trató de una trampa del PSUV “para tapar la irresponsabilidad del Gobierno con lo que pasa en las minas”.
La audiencia tendrá lucar en el Palacio de Justicia de Ciudad Bolívar, donde se prevé se le impute el delito de espionaje.