Esta medida publicada en Gaceta Oficial 40950 se toma en el marco del Decreto de Estado de Excepción y de Emergencia Económica.

Con el argumento de “contribuir con el reimpulso productivo del sector agroalimentario” el gobierno obligará a empresas públicas y privadas a que sus trabajadores presten servicios en “aquellas entidades objetos de medidas especiales implementadas para fortalecer su producción”, según la resolución 9855 del Ministerio del Trabajo, publicada en la Gaceta Oficial número 40950 del 22 de julio pasado. La medida se toma “en el marco del Decreto 2323 mediante el cual se declara el Estado de Excepción y de Emergencia Económica”.

Trabajadores del campo rechazan el decreto. Lee más aquí 

El artículo 3 de la resolución dice que las entidades de trabajo del sector, público y privado, que tengan que ver con el área agroalimentaria “están obligadas a cumplir con el estricto imperio del presente acto administrativo”, a tal efecto deberán proporcionar los trabajadores requeridos, “con el fin de aumentar la productividad de la entidad de trabajo requiriente o solicitante” por un período de 60 días, prorrogables “por igual tiempo si las circunstancias lo ameritan”.

Las empresas a las que sean destinados los trabajadores cancelarán los sueldos de los nuevos “empleados”, mientras que la compañía de donde sean demandados continuará cubriendo las obligaciones relativas a cotizaciones establecidas en el sistema de seguridad social, así como las prestaciones sociales. Tendrán inamovilidad laboral.

“La entidad de trabajo requiriente estará obligada a pagar el cesta ticket socialista por jornada laboral”, de acuerdo con el artículo 9 de la resolución”.

Una vez finalizado el periodo, los trabajadores “tendrán el derecho de seguir prestando servicio a la entidad de trabajo originaria en las mismas condiciones existentes para la fecha en que ocurrió aquella”.

La resolución señala, en su último considerando, que el Ministerio de las Comunas solicitó al despacho laboral personal para ser incorporado “a las diversas plantas procesadoras de maíz”, lo que se extendió a las demás empresas agroalimentarias a través de la medida gubernamental.

No son soldados

La Unión Nacional de Trabajadores rechazó la resolución por tratarse de una medida arbitraria del gobierno, que “trata a los trabajadores como si fueran soldados que se pueden mover inconsultamente”, afirmó Roger Palacios, coordinador de la Unete y directivo del sindicato de Alimentos Polar.

“El texto de la resolución no menciona, en ninguno de sus apartes, que le pedirán su opinión a los trabajadores para saber si están de acuerdo con ser trasladados”, advirtió el sindicalista. Agregó que en lugar de dictar medidas antiobreras, el Ejecutivo “tiene que reconocer su fracaso como empresario en todas las compañías estatizadas”.

Palacios destacó que la resolución viola los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. En relación con el punto que dice que el adquiriente pagará el salario, el sindicalista recordó que “el gobierno no ha cumplido con los trabajadores de las empresas estatizadas. En La Gaviota le acaban de bajar el salario al personal”.

¨Hay hambre y ahora quieren que haya esclavitud¨

El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad, Jesús «Chúo» Torrealba, consideró que la resolución 9855 —que ordena a las empresas facilitar empleados que se requieran para trabajar en el sector agroalimentario— es una agresión a la libertad de trabajo.

«Un ‘gobiernito’ que se decía obrerista ahora emite una resolución para obligar a los obreros a cambiar su línea de trabajo», opinó.

A su juicio, el Gobierno quiere convertir a los venezolanos en rehenes socioeconómicos del Estado: «Además de que hay hambre ahora quieren que haya también esclavitud»

«Destruyeron a Venezuela y pretenden reconstruirla obligando a la gente a trabajar en lo que no quiere», añadió.

Unete: Orden de trabajar en producción de alimentos viola convenios de la OIT

La coordinadora de la Unión Nacional de Trabajadores (Unete), Marcela Máspero, rechazó categóricamente la resolución Nº 9.855 que establece que el gobierno podrá disponer de personas de empresas públicas, privadas, de propiedad social y mixtas, para apoyar la producción agroalimentaria.

“Los trabajadores como ganados vamos a ser sacados de nuestras oficinas mediante órdenes y resoluciones de necesidades que establece el gobierno sin consultar con nadie, y destinarnos a trabajar en líneas que ellos decidan, esto viola los convenios de la Organización Internacional de Trabajo”.