Un paro de transporte en toda la región andina anunciaron representantes sindicales ante la falta de respuestas del gobierno a sus solicitudes. Mérida lleva 7 días paralizada
Sindicatos del sector vienen anunciando la posibilidad de un paro de transporte público en toda la región andina si el Ejecutivo Nacional no atiende los reclamos realizados por los conductores. Tal y como ya ocurrió en San Cristóbal hace meses, los transportistas del estado Mérida cumplieron una semana con las unidades paralizadas generando un colapso en el traslado diario de miles de personas que utilizan el servicio.
Yovanny Nieto, secretario de Reclamos del Sindicato del Transporte en Mérida indicó que la medida de presión se mantendrá ante la indiferencia oficial.
Hasta los momentos el ejecutivo nacional no ha dado respuesta sobre las peticiones básicas: revisión de tarifas, renovación de flota, garantía de repuestos, pago y regularización del sistema de ticket estudiantil además del pago por unidades que han sido destruidas en recientes disturbios.
Actualmente no se está prestando servicio urbano, interurbano y suburbano, lo que implica una situación caótica en la entidad. Unidades de transporte del gobierno nacional y estadal han salido a cubrir las rutas, pero lucen insuficientes ante la demanda de los usuarios.
Se suman los andinos
Informaron los promotores de las protestas que los sindicatos de Táchira y Trujillo se podrían sumar a la paralización de las actividades la próxima semana. “También se incorporarían sindicatos de los estados llaneros de Barinas, Portuguesa y Lara”, indicó Nieto.
Indicó el vocero que los trabajadores del volante en todo el país vienen soportando los mismos problemas por lo que se hace común su exigencia de soluciones por parte del gobierno nacional.
Los transportistas argumentaron que las razones para mantener el paro del transporte están vinculadas a la falta de respuesta por parte de los entes encargados, como son Fontur y el Ministerio de Transporte, sobre la puesta en marcha del nuevo sistema de pasaje estudiantil, alegando que el método que venía operando hasta finales de 2016 funcionaba y fue desarticulado sin tener dispuesto para su colocación inmediata uno nuevo.
Para los transportistas es una falta de criterio por parte del gobierno en el tema del transporte estudiantil, poner a enfrentarse a estudiantes con los conductores. “Esta situación la generó el Ejecutivo y ellos deben resolverla”, indicó.