Por beneficiar a un narco en el Táchira la Fiscalía y la Guardia Nacional detuvieron a una jueza y mientras otro se dio a la fuga quienes habrían otorgado beneficios procesales ilegales al sentenciado
Todo por beneficiar a un narco. Así ha sido calificada la detención de una juez de primera instancia penal y un abogado además de la fuga de otro juez de segunda instancia por un caso que los señala por otorgar presuntos beneficios procesales a un narcotraficante sentenciado.
El caso del cual se venía comentando en tribunales desde el martes pasado, fue destapado por el gobernador del Táchira José Vielma cuando indicó que la juez tercera de ejecución Belkis Araujo y el consultor jurídico del Centro Siquiátrico de Peribeca, en el estado Táchira, habrían presuntamente alterado ordenes médicas para lograr el traslado del narcotraficante por “problemas mentales” desde su reclusión, en la cárcel de Santa Ana al referido centro médico.
El narcotraficante, William Colmenares, estaba recluido desde el año 2014 en el referido centro penitenciario y, en diciembre del año pasado, fue beneficiado con la medida de traslado hacia el centro médico.
Denunció el gobernador que la juez ordena la suspensión de la pena pero no notificó a la Fiscalía sobre la misma, lo que es, a su juicio, prueba plena de la maniobra de la juez y su componenda con otras personas para la liberación del narcotraficante «permitiendo beneficiar a un narco reconocido» señaló Vielma.
¿Retención ilegal?
El director del centro penitenciario, Jesús Márquez, se niega a cumplir la orden de la juez Araujo para el traslado y el juez segundo de juicio, Diego Molina, aprueba un amparo que obliga al CPO al traslado de Colmenares procediéndose de inmediato.
Al conocerse los hechos la Fiscalía General de la República se activa, nombra un Fiscal Especial y solicita la aprehensión, por necesidad y urgencia, de los dos jueces y el abogado del centro siquiátrico acusándolos de beneficiar a un narco de manera fraudulenta.
La solicitud pasó por dos jueces, uno se inhibió y finalmente el juez cuarto de control, César Rodríguez, conoció el caso. Algunos abogados han considerado las detenciones, realizadas por la Guardia Nacional, como ilegales y arbitrarias, ya que ningún juez las ordenó.
“Por orden de la Fiscalía, sin ningún soporte ni atención al debido proceso, y con la intromisión del poder Ejecutivo representado por el gobernador José Vielma, se procedió a la detención de la juez Araujo y la persecución del juez Molina, violando todos sus derechos al acusarla de beneficiar a un narco de manera ilegal”, señalaron fuentes del poder judicial tachirense.
El manejo del caso por parte de la Fiscalía General y el gobernador José Vielma ha generado un enorme malestar y se anuncian acciones de protesta en los próximos días por este escándalo en el poder judicial del Táchira. La juez está detenida en el Core 1 de San Cristóbal.