EL TSJ derogó la facultad del Parlamento Nacional de pagar a sus empleados y ordenó al Gobierno de Maduro cancelar la nómina legislativa.
La Sala Constitucional del TSJ derogó la facultad de la Asamblea Nacional de cancelar el salario de sus trabajadores, al considerar procedente un amparo constitucional presentado por un grupo de trabajadores del Parlamento, que denunció el incumplimiento del pago de salarios y beneficios laborales, atribución de la directiva de la cámara.
“La Asamblea Nacional ha venido generando en los últimos meses situaciones de desacato y quebrantamientos al orden constitucional que han incidido en el cabal desarrollo de sus competencias, así como en el resguardo y protección de los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras de dicho órgano”, señaló el TSJ.
Por su parte, la directiva de la Asamblea Nacional ha denunciado en numerosas ocasiones que el Gobierno no ha asignado los recursos necesarios para cumplir sus compromisos con los trabajadores. Al restarle al poder Legislativo la responsabilidad de cancelar su nómina, el TSJ ordenó al Ejecutivo el pago oportuno del salario a todos los funcionarios legislativos, activos y jubilados.
El TSJ considera en “desacato” al Poder Legislativo por juramentar a tres diputados opositores cuya elección había sido anulada por la justicia, por lo que subraya que todas sus decisiones son “nulas”. Ante eso el pasado 9 de enero, la mayoría opositora en el hemiciclo declaró en “abandono de cargo” al presidente Nicolás Maduro, responsabilizándolo de la crisis política y económica del país por incumplimiento de funciones, y exigió llamar a elecciones en 30 días, mientras que el oficialismo calificó la medida como un intento de golpe de Estado.
Prórroga del Decreto de Emergencia Económica
En otra sentencia, el máximo tribunal del país, declaró “constitucional” una sexta prórroga del Decreto de Estado de Excepción por Emergencia Económica con el cual gobierna el presidente Maduro desde enero de 2016, cuya aprobación correspondía a los diputados. El decreto otorga al mandatario amplios poderes para fiscalizar áreas básicas como la producción y la distribución de alimentos y medicinas, que actualmente presentan una severa escasez.