Minas militarizadas por Arco Minero del Orinoco

Dada la entrega de concesiones para la explotación del Arco Minero del Orinoco, bandas mineras se enfrentan a las OLP.

Desde que fueron aprobadas las concesiones a las transnacionales para la explotación del Arco Minero del Orinoco aumentó la tensión en las minas del sur del estado Bolívar. Las bandas ilegales que allí operan, se niegan a negociar su salida, por cuanto a través de la Operación de Liberación para el Pueblo (OLP) se pretende la eliminación de estos grupos.

Se conoció que desde la semana pasada se mantienen paralizadas las minas El Perú, Chile y La Romana, en el municipio El Callao, por órdenes del ministro de Interior, Justicia y Paz, el mayor general Néstor Reverol. Precisamente, el pasado viernes, el presidente Nicolás Maduro firmó contratos valorados en 4.500 millones de dólares con transnacionales para explotar minerales en el Arco Minero del Orinoco.

No es la primera vez que sucede este tipo de acciones en las minas del sur de Bolívar. Las denuncias se han centrado a raíz del anuncio de la creación del Arco Minero del Orinoco, tema que asociaron con la masacre de Tumeremo, ocurrida el 4 de marzo de este año. Posteriormente, militares aplicaron el desalojo en campamentos mineros.

En abril funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y del Ejército tomaron los yacimientos Vuelvan Caras, Botanamo, Hoja de Lata I y II, para ser desalojados.

Los militares llegaron entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves. Un oficial de la Policía del estado Bolívar (PEB) aseguró que “algunos están felices porque la OLP esté aquí, pero otros no apoyan la medida, por estar ligado a los delincuentes”.

Desde la militarización, no hay ingreso a los sectores mineros, por cuanto se mantiene la incertidumbre por el trabajo de los dueños de molinos y los mineros.

El Callao Arco Minero del Orinoco

Fotos Germán Dam

Enfrentamientos

Trascendió que el fin de semana, los uniformados se enfrentaron con un grupo armado en el sector El Perú, resultando cuatro personas abatidas, presuntamente integrantes de la banda del Topo, la misma señalada de ser autora de la masacre de Tumeremo.

Dirigentes políticos, diputados y ambientalistas han advertido sobre las consecuencia ambientales que implica el Arco Minero del Orinoco, así como el aumento de la minería ilegal y los enfrentamientos que ocasionarían por el control de las bandas que allí operan.