policía nacional bolivariana

La detención  de una banda delictiva dedicada a robar en la UDO y cuyo jefe es un Policía Nacional, evidencia  una crisis de valores en Venezuela.

La crisis de valores en Venezuela podría superar con creces la económica y se evidencia en la detención de un grupo delictivo, entre cuyos miembros figuran tres funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, uno de los cuales fungía como cabecilla.

En total  16 personas fueron aprehendidas por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalisticas, Cicpc, entre ellas los tres efectivos de la Policía Nacional Bolivariana, a quienes les fueron incautados objetos y equipos que habían sido hurtados de la Universidad de Oriente.

De acuerdo con información manejada por la periodista Eleida Briceño, tras investigaciones realizadas luego del último hurto perpetrado en la máxima casa de estudios del estado, el Cicpc dio inicio a una investigación que condujo a la detención de los miembros de las bandas delictivas de «el camacho» y «el cachi», sindicadas de cometer varios robos en la UDO.

Con esta acción queda al descubierto lo que muchos estudiantes y profesores advertían, sobre el escaso interés de la autoridades regionales y locales por resolver el problema de los hurtos en la casa más alta del oriente venezolano.

Daniel José Camacho Vizcaníno (24)señalado como cabecilla, Janyel Oswaldo Jiménez Marval (25), y Freddy Joelson Perdomo Veliz de 22 años, son los efectivos pertenecientes a la Policía Nacional Bolivariana, detenidos. Sin embargo, el grupo delictivo dedicado a azotar la UDO, estaba integrado por 16 miembros.

Una máquina de soldar, 5 equipos de aire acondicionado y varias computadoras, fueron incautadas por los miembros del CICPC a la banda.

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Que no sea para intentar lavar la imagen al gobierno

Tras mostrar satisfacción por la detención del grupo delictivo, Tirso González, directivo de la Asociación de Profesores de la UDO asevera que la crisis de valores en el país es mucho más compleja de lo que muchos piensan. «Se trata de criminales uniformados que han atentado contra la academia», expone.

A juicio del catedrático los detenidos deben  recibir todo el peso de la Ley y pagar por lo que califica como una acción criminal, acotando que no deben tener privilegio alguno y ser tratados como lo que son: delincuentes comunes.

«Ojalá y cuanto ocurre no sea una acción para intentar lavar la imagen del Gobierno y que éste sea el primer paso para depurar los cuerpos policiales, en los cuales sabemos existen muchos efectivos honestos, legales y comprometidos, pero precisamente por ellos, es imperativo comenzar a dejar libre de manchas la institución policial», sentenció.