El Departamento de Estado de EE.UU. advirtió que los principales abusos de Derechos Humanos en Venezuela durante el 2016 fueron el uso sistemático y politizado del poder judicial.
Según el informe anual sobre Derechos Humanos publicado por el Departamento de Estado de EE.UU. Venezuela sufre especialmente de acción policial indiscriminada contras civiles y detenciones arbitrarias generalizadas a los críticos del Gobierno, restricción a la libertad de expresión y de prensa, además de episodios de privación ilícita de la vida y tortura.
El informe correspondiente a 2016, precisó que el Gobierno de Venezuela arrestó y encarceló a figuras de la oposición y mostró poco respeto por la independencia judicial o generalmente no permitió que los jueces actuaran de acuerdo con la ley sin temor de represalias, convirtiéndolo en un régimen autoritario.
“A veces el Gobierno bloqueó medios de comunicación, hostigó e intimidaba a cadenas de televisión de propiedad privada, otros medios de comunicación y periodistas a lo largo del año usando amenazas, multas, confiscaciones de bienes, arrestos, investigaciones criminales y procesamientos”, agrega.
Asimismo, el informe se hace eco de las denuncias de organizaciones no gubernamentales (ONG) y medios de comunicación de ejecuciones extrajudiciales por parte de la policía y las fuerzas de seguridad, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Además, el Departamento de Estado de EE.UU. destaca las condiciones penitenciarias severas y potencialmente mortales, aunado a la falta de derechos de debido proceso que contribuyeron a la violencia generalizada, disturbios, lesiones y muertes en las cárceles.
El informe insiste en el abuso contra los presos políticos, además de la interferencia gubernamental con los derechos de privacidad, la falta de respeto del Gobierno por la libertad de reunión y la falta de protección para los migrantes colombianos. En Venezuela existe corrupción en todos los niveles de Gobierno, así como amenazas contra las ONG nacionales, casos de violencia contra las mujeres, discriminación en el empleo basada en la preferencia política y restricciones al derecho de asociación de los trabajadores, finaliza el informe.