La liberación de los estudiantes de Voluntad Popular se cumplió tras la consignación de fiadores.

El Tribunal Primero de Control del estado Bolívar dictó medidas cautelares el pasado viernes para Oswaldo Rodríguez, Peter Pérez, Sergio Morales, Carlos Briceño y Alvin Bridgewater, los cinco estudiantes de Voluntad Popular detenidos por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), acusándolos de planear ‘guarimbas’ en Ciudad Guayana. Sin embargo, fue este lunes cuando la medida se materializó.

Fue aproximadamente a las 5:00 pm cuando tras haber consignado cada uno dos fiadores con ingresos de 600 unidades tributarias (106.200 bolívares), carta de residencia y de trabajo, cuando los estudiantes de Voluntad Popular fueron trasladados desde la sede del Sebin en San Félix hasta el Palacio de Justicia de Puerto Ordaz, para su liberación.

“Estamos contentos, aunque no era lo que esperábamos. Ellos deberían tener libertad plena porque no hicieron nada malo, todo fue un montaje”, dijo Rosana Cabrera, madre de Carlos Briceño.

A su salida, los esperaban familiares, amigos y compañeros del partido. Rodríguez, uno de los estudiantes de Voluntad Popular que se suman a los 12 miembros del partido que hoy cuentan con un proceso judicial abierto, informó que durante las seis noches y siete días que estuvieron detenidos tuvieron que compartir celda con los integrantes de la banda del Topo, partícipes de la masacre de Tumeremo.

“Nuestro único delito ha sido pensar diferente y luchar por una mejor Venezuela, y eso es lo que seguiremos haciendo”, manifestó Sergio Morales, uno de los estudiantes que fue detenido por el Sebin.

Una semana detenidos

Los cinco estudiantes, todos miembros activistas de Voluntad Popular, fueron detenidos el 5 de julio. Rodríguez fue llevado a la fuerza por el Sebin, cuyos funcionarios vestían de civiles, en la panadería del Santo Tomé de Los Olivos en Puerto Ordaz.

Los otros cuatro fueron aprehendidos estando dentro de la sede policial, luego que ingresaran para una presunta entrega de sus cédulas de identidad y teléfonos celulares, los cuales les habían sido quitados previamente.

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