Henri Ramos Allup reafirma que la Asamblea Nacional no acatará sentencia del TSJ y rechaza que pese a decisión del Ministerio Público de dejar en libertad a Alejandro Puglia la jueza del caso haya actuado de manera contraria.
El presidente de la Asamblea Nacional (AN) Henri Ramos Allup asegura que la sentencia emanada este martes por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de dejar sin efecto las sesiones del Parlamento en las que estuvieron presente los diputados de Amazonas, se hizo con la finalidad de anular la aprobación de la Ley referente al Arco Minero, pues asegura que el Gobierno tiene “negocios turbios” con algunas compañías que tienen concesiones en el Arco Minero.
“Quisieron anular esa Ley, declararla inconstitucional porque establece mecanismos de vigilancia, mecanismos de control por parte de la Asamblea y como ellos ya tienen otra vez, en este campo, negocios sucios corrompidos con compañías transnacionales, gente vinculada con el Tribunal (Supremo de Justicia) y con el Gobierno, que tienen concesiones en el Arco Minero, eso es todo”.
En declaraciones ofrecidas la mañana de este miércoles en el programa radial La fuerza es la unión de Jesús Chuo Torrealba, Ramos Allup ratificó que esta sentencia no será acatada por el Parlamento nacional pues asegura que con la medida el TSJ viola la Constitución de la República: “No vamos a cumplir ninguna sentencia, ni ningún acto del poder público que viole la constitución (…) son unos magistrados delincuentes que no cumplen con la Constitución ni la ley para ser magistrados. Siete magistrados no tienen credenciales suficientes para ser magistrados y fueron electos de manera fraudulenta (…) Son siete vagabundos que deberían estar presos”.
Caso Alejandro Puglia
El pasado 1 de septiembre fue detenido en la Toma de Caracas Alejandro Puglia, director de Seguimiento y Evaluación de la presidencia de la AN, por volar un dron durante la manifestación, acto que había sido prohibido durante esa semana por el Gobierno. Este lunes la jueza 37 de Control del Área Metropolitana de Caracas, Yesenia Maza Rojas, dictó la medida privativa de libertad contra el joven venezolano también de nacionalidad italiana, a pesar de que el Ministerio Público (MP) había ordenado la libertad inmediata.
Al respecto Ramos Allup sentenció que “este Gobierno está sembrando y fabricando delitos. Esa norma no establece ninguna sanción. Volar drones no es delito, como volar papagayos no es delito”. El presidente de la AN señala además que esa resolución no contiene sanción alguna por lo que la señala como una “norma en blanco” tal y como la llaman los juristas: “establece un supuesto pero no establece una sanción”.
Ante esta situación el también abogado afirma que la jueza Yesenia Maza Rojas usurpó una función del Ministerio Público al dejarlo detenido.