Las protestas en Táchira calentaron la calle. Estudiantes salieron otra vez a manifestarse en contra de la sentencia del TSJ contra la Asamblea y por otra parte docentes salen a reclamar mejores salarios.
Se agudizan las protestas en Táchira; este jueves estudiantes volvieron a salir a la calle e intentaron quemar una camioneta de la empresa del Estado Pdvsa Gas. Mientras en otros puntos de la ciudad de San Cristóbal, capital de la región, docentes pedían salarios dignos y se fueron también a la calle a hacer sus demandas.
Los manifestantes universitarios con sus rostros semicubiertos
gritaban consignas contra el gobierno, lanzaban piedras y detuvieron el tráfico en la zona de Barrio Obrero y cercanías de la avenida Carabobo en San Cristóbal, en las adyacencias de la Universidad Católica del Táchira.
Dijeron los estudiantes que no detendrán su acción hasta tanto no se retracte el Tribunal Supremo de Justicia, en relación a su decisión de desconocer los poderes de la Asamblea Nacional, pues a su juicio la sentencia significa un golpe de estado a la decisión del pueblo que habló en el proceso electoral de diciembre del 2015.
Docentes dicen que ni comen
Otra de las protestas en Táchira estuvo encabezada por los
docentes del liceo público Táchira, también en San Cristóbal, quienes salieron este jueves a la calle y con pancartas y letreros pedían un incremento salarial. Teresa Mejía dijo que el salario que devengaban no alcanzaba ni siquiera para un almuerzo.
“Nuestras familias también merecen una vida digna, que nuestros hijos puedan comer, estudiar y vestirse porque para eso uno trabaja, pero con los sueldos que ganamos los docentes apenas si medio comemos”.
En la población de Rubio del municipio Junín otro grupo de docentes también llaman a la calle este viernes, a la entrada de esa ciudad. Vanessa Contreras hace la convocatoria y refirió que el profesor Marcos Rincón, en nombre de los docentes de esa localidad, hizo saber que ya no aguantan vivir con esos sueldos de “miseria” que perciben, y denunció que en Rubio son sometidos a un terrorismo laboral de directores y coordinadores de la educación pública.