La periodista Maibor Petit informó que en el caso de los narcosobrinos el juez Paul Crotty suspendió los privilegios dados a uno de los testigos de la DEA por mentir ante el gran jurado.
En el sexto día del juicio de los narcosobrinos de Cilia Flores la defensa logró enterrar al informante confidencial CS1, José Santos Peña.
La información la suministró en su cuenta Twitter la periodista Maibor Petit quien sostuvo que “la defensa de los primos Flores se anotaron una victoria cuando consiguieron que el juez Paul Crotty aceptara que se difundieran unas grabaciones hechas desde la Cárcel Federal de California.
De esta manera sale airosa la defensa de Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Flores de Freitas quienes al lograr además que el gobierno de Estados Unidos le suspendiera todos los privilegios.
Entre estos privilegios destaca la incluida la llamada carta 5K, que le permitiría una reducción de la pena, que en su caso se trata de la posibilidad de ser condenado a cadena perpetua tras haberse descubierto que el hombre mintió a las autoridades federales y se dedicó hacer negocios de drogas desde la cárcel donde está recluido en California.
Santos Peña está preso junto a su hijo José Santos (Junior) y ambos son ex informantes de la DEA .
Los informantes se declararon culpables de tres delitos: conspirar para traficar drogas a EE UU, conspirar para manufacturar y distribuir cocaína, y mentirle al gobierno americano.
Los abogados de Campo Flores y Flores de Freitas acorralaron al informante y consiguieron que los fiscales le retiraran el acuerdo de cooperación.
A pesar de haber fulminado la credibilidad de las dos fuentes confidenciales de la DEA, la corte mantendrá las evidencias recogidas por los dos hombres que incluyen grabaciones de audio y video, hechas por CS1 y CS2 cuando fueron a Caracas a reunirse con Campo Flores y Flores de Freitas, y finiquitar el envío de 800 kilos de cocaína a Honduras con destino final a Estados Unidos.
Maibor Petit informó además que durante el sexto día de juicio a los narcosobrinos la defensa también insistió que el informante debería regresar el dinero pagado por la DEA a lo largo de sus años de trabajo para la agencia, y criticó que el sujeto no había pagado impuestos sobre esas ganancias.