Partido Podemos de España

El Secretario General del partido Podemos, Pablo Iglesias dijo que ve “absolutamente ridículo” su comparecencia ante la AN por lo que rechazó la citación.

La Asamblea Nacional citó para el próximo 6 de julio a Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Juan Carlos Monedero y Luis Alegre, dirigentes del partido Podemos, de España para que respondan por la supuesta financiación ilegal por parte del Gobierno venezolano.

«Yo hice la convocatoria, tenemos que esperar que ellos nos confirmen», dijo el presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara.

El diputado añadió que a los dirigentes de Podemos les dieron la opción de proponer otra fecha para comparecer ante esta comisión parlamentaria pues «entendemos la distancia y entendemos que están en campaña».

Guevara declaró que los diputados venezolanos no han hablado con los dirigentes de Podemos directamente, y afirmó que éstos «deberían ser los más interesados en aclarar este asunto, es decir que ellos no están financiados por un gobierno extranjero».

AN cita a Podemos

Recordó que se trata de poco más de 7 millones de euros «que habría dado» el Gobierno de Hugo Chávez en su momento «a una fundación que está vinculada a Podemos y de la que ellos eran directivos».

Se trata de la fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), vinculada con Podemos, mientras que la financiación se habría producido entre los años 2003 y 2011.

El parlamento venezolano citó, con cartas firmadas por el propio Freddy Guevara, al Secretario General de Podemos, Pablo Iglesias; al secretario de Política del partido, Íñigo Errejón, a Juan Carlos Monedero y a Luis Alegre.

Las reacciones por parte del partido Podemos de España no se hizo esperar y es que su secretario General Pablo Iglesias dijo que ve “absolutamente ridículo” que un “grupo de partidos extranjeros” pretenda investigar un presunto delito de financiación ilegal de su partido y rechazó la citación de la Asamblea venezolana para declarar el 6 de julio.

Iglesias defendió, que quien tiene la “competencia para investigar y perseguir la financiación ilegal son los tribunales españoles, no los partidos extranjeros”.