La violencia en Bolívar incrementa al sur de la entidad, dejando de caracterizarse por ser poblaciones tranquilas.
El espiral de violencia en Bolívar se extiende a los municipios del sur. Atrás quedaron esos días en los que estas poblaciones destacaban por ser “tranquilas”. Grandes robos y homicidios eran hechos que escandalizaban a poblaciones como El Callao, Tumeremo o Santa Elena, pero cada día se viene incrementando la inseguridad en estas zonas.
Después de la masacre de Tumeremo en marzo de este año, el otro hecho de violencia en Bolívar que ha causado conmoción ha sido el robo frustrado a una familia en Santa Elena de Uairén, donde murió un joven de 19 años, mientras que la madre y su hijo de 10 años resultaron gravemente heridos de impactos de bala y siguen recluidos en un centro de salud en Boa Vista, Brasil.
“Hechos como este se han denunciado permanentemente y el gobierno no toma mediadas al respecto. La Policía sabe que alcaldes del PSUV tienen pranes al sur de Bolívar, que Francisco Rangel Gómez está implicado”, denuncia el diputado a la Asamblea Nacional, Américo De Grazia, quien recuerda la masacre de Tumeremo, la cual fue negada por el gobernador, calificándola como una “masacre virtual”.
De aquel hecho en que fueron asesinadas 17 personas, entre mineros y cocineras, los habitantes de Tumeremo empezaron hablar cada vez más de la violencia en Bolívar.
Protesta por la violencia
La firmeza de su protesta, manteniendo trancada la Troncal 10, permitieron que se tomaran acciones al respecto, al menos en la búsqueda de los cuerpos que, en principio, los primeros rastros fueron hallados por periodistas y no por los funcionarios militares que se dedicaban a las investigaciones.
Alexandra, cuyo apellido se resguarda por razones de seguridad, es familiar de una de las víctimas de la masacre de Tumeremo y asegura que “siempre ha muerto gente en las minas, solo que nunca había sido tan grande el hecho, nadie denunciaba y muchos de esos muertos no tenían dolientes, la familia no se entera porque no viven aquí”.
Sifontes, El Callao y ahora Gran Sabana, son los municipios donde ha incrementado la violencia, aunque sus índices no llegan a los de Caroní y Heres.
En 2015, el sur de Bolívar cerró con 417 homicidios, según cifras contabilizadas por la prensa regional. “Esto forma parte de la violencia criminal que se apoderó del país con 90 asesinatos por cada 100 mil habitantes”, denuncia el dirigente de la región, Andrés Velásquez.
En todo el estado Bolívar se han registrado al menos más de 1200 asesinatos en lo que va de año.
Funcionarios implicados
Cuando se realizó el paro cívico en el municipio El Callao, los habitantes denunciaron que funcionarios policiales estaban involucrados con bandas delictivas que han cometido delitos en la zona. Sus denuncias se mantienen y se sustentan en que las armas que utilizan las bandas delictivas solo podrían estar en manos de organismos de seguridad.
Lo mismo ocurrió con el caso de Tumeremo, solo que las acusaciones iban dirigidas a funcionarios de la Fuerza Armada y al gobernador Rangel Gómez, quien supuestamente lidera parte de las bandas mientras que operan ilegalmente en la zona.
Lo que ocurrió recientemente en Santa Elena no fue la excepción, al punto que tras protestas y un cabildo abierto, lograron la expulsión de unos 15 policías. La exigencia de la comunidad es una sola: “no queremos más a la Policía del estado Bolívar”.
“Tanto funcionarios activos como no activos han estado implicados en hechos delictivos·, afirma el concejal indígena del municipio Gran Sabana, Jorge Pérez.
Aunque el gobernador lo haya negado, la población insiste en que policías están implicados en la banda delictiva que intentó robar a la familia árabe en Santa Elena y que asesinó a uno de sus miembros.
“¿Hasta cuándo vamos a permitir que la Policía nos robe y nos mate? El gobernador no hace nada, él también es responsable, desde que llegó al poder empezó la inseguridad en el pueblo”, expuso Lara Gómez, habitante de Santa Elena de Uairén.