Con la creación del GMAS, se legaliza la militarización para el control del abastecimiento de alimentos en el país.

Son las 4:00 pm de un jueves, un día como cualquier otro. El supermercado Santo Tomé de Los Olivos, como otras veces, está a reventar. Ciudadanos buscan comida, pero no la consiguen. En el establecimiento dicen que no hay mercancía, pero los usuarios se desesperan. ¿La solución? Lo que ha venido aplicando el gobierno, al margen de la Constitución, la militarización en el control de abastecimiento de alimentos en el país.

Los militares custodiaban los depósitos. La gente, por su parte, reclamaba la venta de alimentos. Mientras tanto, el Ejecutivo nacional se deslinda de sus funciones y deja en el sector militar el control para el abastecimiento de alimentos.

Así lo hizo el pasado 11 de julio de 2016 con la creación de la Gran Misión Abastecimiento Soberano (GMAS), bajo el decreto 2.367, publicado en Gaceta Oficial nro. 40.941.

“Mientras los militares estén al frente, la situación va a empeorar. Ya lo hemos visto con las empresas básicas, hoy en la ruina”, opina Macvir Meléndez, una de las ciudadanas que esperaba la venta de alimentos en el Santo Tomé de Los Olivos, en Puerto Ordaz.

La responsabilidad militar

La creación de la GMAS no solo abarca el abastecimiento de alimentos, sino que incluye al sector farmacéutico, de higiene personal y aseo del hogar.

Para la organización Laboratorios de Paz, “el decreto 2.323 coloca al margen de la Constitución al Gobierno nacional y genera una alteración del Estado democrático y de Derecho”, alertando que representan un nuevo paso en la progresiva militarización de la sociedad venezolana.

Por tanto, exhortan al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a declarar la inconstitucionalidad de los Decretos 2.323 y 2.367, así como de la resolución 9855; y al Defensor del Pueblo a expresar de manera clara las incompatibilidades en materia de derechos humanos contentivas en los mismos.

Esta militarización en el control de la producción, distribución y abastecimiento de alimentos, expone también a los ciudadanos a la justicia militar. Tal es el caso de quienes han sido detenidos en colas para comprar comida. Todos enjuiciados por la Corte Marcial, cuando esta aplica solo a militares en ejercicio de sus funciones.

Bolívar en riesgo de hambre

Recientemente, el Comando Bolívar por el Cambio, coordinado por Raúl Yusef, entregó un informe ante el Destacamento Nº 625 de la Guardia Nacional Boliviana, antiguo Comando del Core 8, en el que se especifica la situación del hambre en el estado. Asimismo, fue entregada una solicitud para atender el problema de la crisis alimentaria en la región.

El mismo detalla que 50 mil familias están en riesgo severo de hambre, 100 mil en riesgo abierto, 250 mil en riesgo moderado, para un total de 400 mil familias en riesgo.

Estas cifras son con base al ingreso de salarios mínimos por hogar. Aproximadamente 50 mil familias (250 mil personas) viven con menos de 1,5 salarios mínimos y están en riesgo severo de pobreza alimentaria o padecimiento hambre.

En este sentido,  prevén que en el tercer trimestre de 2016 caigan los envíos de alimentos crudos y manufactureros, como consecuencia de la caída de la producción en el centro del país, tomando en cuenta a su vez que Bolívar es un estado periférico, por lo que resulta en desventaja en la cadena de distribución.

Ante este panorama, se insiste en la apertura de un canal humanitario en Venezuela, considerando que en el caso del estado Bolívar, así como ocurrió en Zulia con Colombia, guayaneses viajan a santa Elena de Uairén, al sur de la entidad, y de allí se trasladan a la línea con Brasil y Boa Vista, desde donde traen productos escaseados en Venezuela. Incluso, esos son los que actualmente se están consiguiendo en los abastos.

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