El problema con el Arco Minero del Orinoco parte de la falta de transparencia que hay sobre la actividad minera en el país.

Para 2017 los pueblos al sur de Bolívar prevén un recrudecimiento de la violencia minera, de continuar la exploración y explotación del Arco Minero del Orinoco, que abarca más de 111 mil kilómetros cuadrados, donde habitan el 30% de pueblos indígenas de la región, quienes no han sido consultados sobre este proyecto sobre el que todavía no existe un estudio de impacto ambiental, pese que el Gobierno venezolano lo haya presentado como “ecosocialista”.

El diputado a la Asamblea Nacional por el estado Bolívar, Américo De Grazia, destaca que la actividad minera al sur de la entidad sigue manejándose de manera ilícita, donde la política del gobierno ha sido ofrecer concesiones a trasnacionales, mientras que al minero venezolano se le obvia.

“No hay garantías laborales ni seguridad para los venezolanos”.

Ejemplifica cómo en el caso de la Gold Reserve se le ofreció regalías al 13% por 18 millones de hectáreas sin que estos pasen por el Banco Central de Venezuela (BCV), como sucedía anteriormente. Incluso, actualmente se desconocen las reservas exactas de oro y diamante con las que cuenta el país.

Recientemente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizada en Panamá, diferentes ONG advirtieron sobre las amenazas ambientales que significa la explotación del Arco Minero del Orinoco, donde se ubican 16 pueblos indígenas. Los representantes del gobierno, a pesar de la incorporación de empresas extranjeras, admitieron la falta de estudio de impacto ambiental.

Su justificación parte de que la explotación solo se haría en una quinta parte de la zona del Arco Minero. La dirigente ambientalista y vicepresidente del Movimiento Ecológico de Venezuela (Movev), Pastora Medina, reclama que sin un estudio previo y sin consulta a los indígenas el gobierno no puede garantizar la seguridad y preservación de las reservas ambientales ni de la vida de los que allí habitan.

Poderes de Maduro

Con el decreto de Estado de Excepción y de Emergencia, el presidente Nicolás Maduro tomó el poder para entregar concesiones a empresas extranjeras sin contar con la aprobación de la Asamblea Nacional, muy a pesar de ser esto violatorio de la Carta Magna.

Desde Provea y otras organizaciones se han impulsado campañas para frenar estas acciones, las cuales han sido denunciadas y expuestas por Rafael Uzcátegui, representante de la mencionada ONG, quien hizo mención a cómo el proyecto se ha puesto por sobre los derechos humanos.

Según el ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero y Ecológico, Roberto Mirabal, las riquezas del Arco Minero del Orinoco está tasado en unos 2 trillones de dólares, por minerales como el oro, bauxita, hierro, diamante, titanio, cobre, estaño, carbón, cuarzo, coltán y níquel.

Mirabal recientemente informó, además, sobre el ingreso de 400 kilos de oro a las reservas nacionales, los cuales provienen del Arco Minero del Orinoco.

Para el sociólogo Edinson Pérez, no es necesario criminalizar la exploración del Arco Minero del Orinoco, fundamentándose en que el estado Bolívar es minero y siempre ha sido así. No obstante, admite la complejidad del tema por la falta de transparencia que ha habido en torno a la actividad.

“El problema es la desconfianza, porque aunque Bolívar siempre ha sido un estado minero, se maneja a través de mafias que el gobierno no ha podido controlar porque también está inmerso en ellas. El no tener informes actualizados de nuestras reservas de oro y diamante ya genera desconfianza, porque no sabemos a dónde paran esas reservas, que en su mayoría se van del país por los caminos verdes”, dijo el sociólogo.

Ataque a pueblos indígenas

El constituyente Freddy Gutiérrez, en un foro organizado por diputados de la Asamblea Nacional, cuestionó la contratación de la Gold Reserve para la explotación del Arco Minero, la cual sería la que cobraría los beneficios de cualquier convenio con el Estado.

Por su parte, el exrector de la Universidad Indígena de Venezuela, Esteban Emilio Mosonyi Szász, advirtió sobre el ecocidio que significa la explotación del Arco Minero del Orinoco porque “no existe minería ecológica”, alertando que esta actividad pone en peligro la vida de los pueblos indígenas que serían desalojados y sobre los que el Estado tampoco tiene un plan para ello.