Desde que se supo de la libertad de «El Wilmito», su caso ha sido comparado con el de presos políticos en Venezuela.

Wilmer José Brizuela Vera, alias «El Wilmito» fue tiroteado el pasado viernes 18 de febrero en Playa Parguito, en la Isla Margarita, estado Nueva Esparta. Su hijo de 11 años y dos mujeres también fueron heridos, pero más allá de quiénes y por qué, la pregunta era cómo es que un pran podía estar tan campante de paseo cuando este acumulaba una pena de más de 23 años de prisión.

Su caso es comparado y criticado por la infinidad de retardos procesales con presos políticos en Venezuela, entre los que nombran al alcalde metropolitano Antonio Ledezma, o los detenidos por las protestas de 2014, quienes cuentan con medidas cautelares de libertad sin que su caso haya sido sobreseído.

Lo curioso es que la gran mayoría de los retardos son de casos que ni se comparan con «El Wilmito«, a quien se le atribuye el asesinato de la profesora de la Universidad de Oriente (UDO) en Ciudad Bolívar, María Gabriela Casado Acero, presumiéndose una confusión, ya que al momento del homicidio la víctima dejaba a sus sobrinos en el colegio, usando el vehículo de su hermana Mariela Casado, juez superior y presidenta del Circuito Judicial del estado Bolívar.

Pranes privilegiados

“Cómo es posible que Leopoldo López cumplió tres años de ilegal detención, Antonio Ledezma dos años de detención y 42 días lleva detenido ilegalmente el diputado Gilber Caro, sin que se le hayan cumplido los parámetros establecidos en la Constitución y en las leyes de la República.  Ellos están detenidos y una persona que ha cometido asesinato está fuera de un centro penitenciario, porque el ministro de turno le provoca darle libertad para que vaya a disfrutar unos días de playa”, dijo el diputado Richard Blanco al informar que la Asamblea Nacional citará a los responsables de otorgar la libertad a «El Wilmito«.

Brizeula, conocido como pran de la cárcel de Vista Hermosa en Ciudad Bolívar, y recluido luego en Tocorón, recibió un régimen de confianza, figura establecida en la ley que solo otorga la ministra del sistema de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela.

Sin embargo, ese privilegio cumple una serie de requisitos, una pena de menos de cinco años por ejemplo, y Wilmito, quien en redes sociales ha publicado foto con la ministra, tenía más de 23.

Comparando casos de retardos procesales, cabe mencionar a Rodney Álvarez, trabajador de Ferrominera a quien se le culpa del homicidio de Renny Rojas, también empleado de la estatal del hierro. El hecho ocurrió en junio de 2011 durante una asamblea para escoger a la comisión electoral para los comicios del sindicato.

Álvarez lleva más de cinco años y siete meses detenido, con dos años y medio en juicio, tras innumerables diferimientos de audiencias y hasta un borrón y cuenta nueva del proceso judicial.

Debilidad del sistema penitenciario

El abogado y criminólogo Fermín Mármol García considera necesario abrir un proceso administrativo sancionatorio al Ministerio de Servicio Penitenciario. Cuestiona también una posible complicidad para permitir las fechorías dentro de las cárceles venezolanas.

Plantea que en el futuro deben retrotraer a medidas como devolverles sus competencias a los jueces de ejecución penal, las cuales fueron cedidas al Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, «y es algo que se está haciendo muy discrecional».

«Los funcionarios públicos responden civil, penal y administrativamente, instituciones como el Ministerio Público son las facultadas para abrir una investigación», señala Mármol García, destacando que para otorgar el beneficio que recibió «el Wilmito» es necesario un estudio psicotécnico y psicoemocional del privado de libertad, para determinar si está apto para la reinserción social.