La “cooperación” venezolana a Nicaragua permitió a la administración de Daniel Ortega manejar discrecionalmente los fondos que alcanzaron los USD 3.743 millones durante más de 11 años, sirviendo este dinero de sustento y base a su autoritario gobierno.

Un informe producto de una investigación realizado por Freedom House para evaluar el desempeño del convenio de Cooperación Venezolana en Nicaragua que se lleva a cabo a través de la empresa mixta Alba de Nicaragua, S.A., Albanisa, analiza el esquema bajo el cual fueron utilizados los fondos provenientes de la venta de petróleo suministrado por Venezuela, por parte de actores de Nicaragua entre los años 2007 y 2017.

Entre los primeros actos llevados a cabo por Daniel Ortega al retorno a la presidencia de Nicaragua el 10 de enero de 2007 (ya había gobernado el país centroamericano de 1979 a 1990), estuvo la firma de adhesión —el día 11 de enero de 2007— de la nación centroamericana al acuerdo denominado Alternativa Bolivariana para las Américas, ALBA, programa promovido por el finado presidente venezolano, Hugo Chávez Frías.

Igualmente se suscribieron quince acuerdos de cooperación, entre los que destacaba la incorporación a Petrocaribe, un hecho altamente significativo para ese país, toda vez que se ubica como el segundo más pobre del hemisferio occidental — PIB de 13,231 millones de dólares en el año 2016— y es un importador neto de petróleo —14 mil barriles diarios—, por lo que el conjunto de facilidades otorgadas por Venezuela en la venta de crudo a los países miembros del citado plan, conformaron la ecuación perfecta para que Ortega se aliara a Chávez con quien, además, lo unían las afinidades ideológicas.

El “Acuerdo sobre la Cooperación en el sector energético entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República de Nicaragua” destaca entre sus objetivos: fortalecer las relaciones energéticas “a través de la conformación de empresas mixtas, empresas de servicios y otros sectores de interés mutuo”; conformación de empresas mixtas entre PDVSA y los entes estatales que designe el gobierno de Nicaragua; optimización de además de suministro de combustible en el mercado interno; suministro de crudo y productos refinados; evaluación de proyectos para la construcción de terminales de transporte de GLP; posible construcción de un gasoducto transcaribeño; optimización de la infraestructura de terminales, distribución, almacenamiento de crudos; cooperación para la generación, transporte y distribución de energía eléctrica.

Por Maibort Petit/Venezuela al Día
@maibortpetit

Investigación completa aquí

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