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Denuncian que en la PGV San Juan de los Morros los presos tienen cinco días sin comer, sin agua ni luz.

La Penitenciaría General de Venezuela ha sido noticia en los últimos 15 días debido a la situación crítica y de tensión que se vive allí dentro debido al rechazo por parte de los detenidos de una posible intervención al centro de reclusión. El hecho ha generado el bloqueo de entrada de alimentos y medicinas para los reos. En solidaridad con ellos, unos 2000 familiares, incluidos niños 800 niños, se encuentran en situación de «auto secuestro en la PGV San Juan de los Morros.

Dentro de este centro penitenciario hay presos con tuberculosis, quienes está muriendo por la falta de atención por parte de los organismos competentes, específicamente el ministerio de Servicios Penitenciarios a cargo de Iris Varela.

En declaraciones ofrecidas en el programa La Fuerza es la Unión de Chuo Torrealba, el presidente de la Comisión de Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional Richard Blanco informó que esta semana recibió la llamada de un ‘pran’ para que acudiera a la PGV San Juan de los Morros, a constatar la situación en la que viven.

«La situación en San Juan de los Morros es crítica, es grave (…) he recibido llamadas de un supuesto pran de la Penitenciaría General de Venezuela, que me solicita nos traslademos al sitio, que se nos garantiza la seguridad, pero que ellos quieren que vayamos y observemos la delicada situación, y responsabilizan a quienes tienen que aplicar las políticas públicas en esta materia».

Blanco denunció además que al lugar no permiten la entrada de medicamentos para asistir a los privados de libertad.

«Hay personas que tienen tuberculosis, hay personas que tienen enfermedades venéreas y otras que tienen enfermedades terminales como cáncer y nunca tienen la atención inmediata por parte del ejecutivo nacional».

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Calificó de dramática la situación que se vive en las cárceles venezolanas, especialmente en la PGV San Juan de los Morros y refirió que durante las visitas que la comisión de Penitenciaría de la Asamblea Nacional a las cárceles venezolanas, se constató y se denunció públicamente una situación de hacinamiento de más de 400%, lo que pudo haber causado la suspensión de estas visitas por parte de Iris Varela.

Hablan los familiares

María González, familiar de uno de los reos detenidos en la PGV San Juan de los Morros, denunció a través de los micrófonos de RCR que desde el pasado miércoles no se permiten visitas y han agredido a familiares que han intentado entrar. Hoy acudirán al ministerio de Servicios Penitenciarios para exigir un pronunciamiento de Iris Varela.

También sostuvo que dentro de la Penitenciaría no hay agua ni luz y que los presos tienen cinco días sin comer.

«Queremos un diálogo, no queremos que nos masacren a nuestros familiares porque eso es lo que ellos quieren. Afuera hay tanquetas desde el miércoles, les han lanzado perdigonazos a familiares».

Antecedentes de la PGV San Juan de los Morros

El pasado mes de agosto los pranes de la PGV San Juan de los Morros mantuvieron en situación de rehenes a 43 personas. A cambio, solicitaron el envío de 2 mil reclusos a esa cárcel ¿la razón? cobrar la denominada ‘causa’, que no es más que el pago que debe hacer cada preso para poder permanecer con vida en su sitio de reclusión, una ley impuesta por los pranes. El gobierno nacional cedió a esta presión. 

Humberto Prado, director del observatorio venezolano de prisiones señaló que debido al abandono del gobierno a los presos, estos han tomado el control y el propio Estado los ha reconocido «aunque lo nieguen(…) Lo que está sucediendo no es que viene sucediendo ahorita, sino que viene sucediendo desde hace mucho tiempo; las personas saben que todos los familiares tienen que estar llevando dinero semanalmente para que ese dinero se convierta en ‘la causa’ o ‘el obligaito'».

Enfatizó que el estado venezolano solo se ocupa de la situación de las cárceles cuando el problema se agrava: «como lo que hubo hace dos semanas en la penitenciaría donde murieron 11 personas por el estallido de una supuesta granada,  pero anteriormente a eso hubo el secuestro de 46 funcionarios para que les llevaran 2 mil detenidos de los calabozos policiales, pero anteriormente a eso también hubo un secuestro de un capitán y tres sargentos para que les dejaran entrar una moto y unos vehículos».

A su juicio el Estado está recogiendo lo que han sembrado y lamentó que actúan solamente bajo la intervención total para vaciar las cárceles, situación que ha generado unos 33 mil detenidos en los calabozos del CICPC, de las policías municipales y de la Policía Nacional Bolivariana.

Humberto Prado denuncia además que el hacinamiento que se vive en las cárceles y calabozos venezolanos ha generado en los reos enfermedades como la hepatitis, cirrosis, tuberculosis. Hizo un llamado a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio Público y demás organismos competentes a estar a las puertas de los penales, pues son los que pueden mediar con la población reclusa y no dejar la responsabilidad a los grupos organizados dentro de las cárceles del país.

«Cuando las cárceles no están a manos del Estado no se les puede llamar cárceles sino universidades del delito».