En Guayana se han dado seis detenciones durante protestas por comida. También hay registros y aprehensiones en colas.
Además de las bombas lacrimógenas y perdigones por parte de la guardia Nacional Bolivariana (GNB) para dispersar protestas en el país, las detenciones son otra de las medidas aplicadas por los funcionarios para impedir las protestas por comida en Venezuela,
En Ciudad Guayana se han registrado cuatro detenciones en protestas por comida en San Félix. Carlos José Gil, Hernán José Montaño Rodríguez, Manuel José Gil Montaño e Isnardo José Montaño Rodríguez, fueron arrestados en una manifestación en la que reclamaban la falta de alimentos.
Los funcionarios alegan el uso de bombas lacrimógenas como una respuesta a agresiones de parte de los manifestantes. Sin embargo, sobre las detenciones no hay justificación sobre el por qué de la falta de información para con los familiares, y el aislamiento aplicado a los detenidos.
“Mi hermano no estaba en el sitio. Protestábamos las mujeres. Desde que los trajeron para acá no nos han dejado verlos”, dijo Viudina Montaño, hermana de uno de los aprehendidos.
Fueron trasladados hasta la sede del Segundo Pelotón de la Primera Compañía del Destacamento de Seguridad Urbana (Desur) y puestos a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público, con competencia en materia de delitos comunes.
La violación al debido proceso sigue presente en estas detenciones arbitrarias. No se cumplió el derecho a una llamada ni a un abogado. Familiares desconocían lo que pasaría con sus allegados. Solo les dijeron que serían trasladados a tribunales para la audiencia. La incertidumbre se mantuvo en todo momento.
Civiles en tribunales militares
No obstante, estos detenidos en protestas por comida corrieron con mejor suerte que los que han sido arrestados en colas para comprar alimentos u otro artículo de primera necesidad.
La actitud déspota por parte de los uniformados, el abuso de poder e irregularidades al momento de controlar las colas en abastos y supermercados, han generado reacciones de reclamo por parte de los ciudadanos.
Exigir respeto y cero arbitrariedades ha sido considerado por los funcionarios como un irrespeto a la autoridad, quienes toman la decisión de arrestar a cualquiera que se le enfrente, acusándolo hasta de ataque y ultraje al centinela, ambos delitos contemplados en los artículos 501 y 502 del Código Orgánico de Justicia Militar
Algunos casos, tanto en protestas por comida como detenciones en colas no han pasado a mayores. Otros, como los que se registran de 2015, han pasado incluso a la Corte Marcial. Una violación al debido proceso, al juzgar a civiles en tribunales militares.
Violación al debido proceso
El ex coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Marino Alvarado, señala que los tribunales militares son competentes para juzgar delitos a militares cuando los funcionarios están en ejercicio, por cuanto ningún civil debería ser juzgado por la justicia militar.
Algunos de los casos son de dos personas detenidas en el Farmatodo de Barcelona, estado Anzoátegui, por manifestar su incomodidad ante las condiciones en que eran obligados a hacer cola para comprar los productos.
Según consta en el expediente, el uniformado alegó que estaban “incitando para violentar el establecimiento comercial”. A una señora se le acusó de causar mordeduras y arañazos a los funcionarios.
Por su parte, los detenidos alegaron que los militares arremetieron verbal y físicamente a quienes estaban en cola. De cualquier forma, la Corte Marcial falló a favor de la GNB, dictándole una libertad con medidas cautelares.
Vulnerabilidad
Alvarado cuestiona las políticas implementadas por el gobierno, donde asuntos que deberían ser manejados por civiles, son dejados en manos de militares.
“El propio estado de excepción genera condiciones para que más personas civiles puedan ser procesadas por la justicia militar por expresar algún nivel de descontento en las colas o protestas por comida”, expone el activista de DDHH.