La ONG Codehciu ofreció un balance sobre las violaciones de DDHH registradas en 100 días de protestas en Venezuela.

La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), presentó un balance sobre los 100 días de protestas en Venezuela, concentrándose en el estado Bolívar, manifestando su preocupación ante la escalada de violencia y represión asociada al uso arbitrario de la fuerza pública, además de los robos y hurtos a manifestantes y periodistas, allanamientos, detenciones ilegales, tratos crueles y degradantes.

Mairis Balza, coordinadora regional de Codehciu, reiteró el rechazo de la organización sobre el uso del poder judicial como mecanismo intimidatorio y represivo contra manifestantes, así como la participación de grupos armados para el control del orden público en las protestas en Venezuela.

En este sentido, recordó que las acciones para sancionar los delitos contra los derechos humanos no prescriben; los funcionarios que ordenen o ejecuten actos que violen o menoscaben los derechos garantizados en la Constitución  incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, sin que les sirva de excusa el cumplimiento de órdenes superiores; el Estado es responsable por las acciones de particulares cuando estos actúan con aquiescencia, colaboración, complicidad o participación de sus agentes.

Detenciones arbitrarias

Hasta el 30 de junio se habían dado 233 detenciones en el estado Bolívar, cifra que se elevó a casi 250 aprehensiones. De acuerdo con el coordinador del Foro Penal Venezolano en el estado Bolívar, Ezequiel Monsalve, a la fecha se contabilizan 47 privados de libertad, 14 personas que esperan por consignar fiadores y dos por ser presentados, estos últimos adolescentes que fueron aprehendidos por civiles armados, presuntamente funcionarios de inteligencia militar, siendo trasladados hasta el Destacamento N° 625 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Codehciu menciona en su informe cuatro casos de violaciones a la autonomía universitaria en Bolívar, a la vez que recuerda las dos privativas de libertad por el ataque a Nicolás Maduro en San Félix.