La juez de distrito negó -por segunda vez- la solicitud de fianza hecha por los abogados del empresario iraní acusado de lavar el dinero del régimen iraní a través de proyectos de viviendas para la población de bajos recursos del gobierno venezolano.
En una audiencia celebrada este miércoles en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, la magistrada Bárbara Moses negó la petición de libertad bajo fianza hecha por los abogados defensores del empresario iraní, Ali Sadr Hashemi Nejad acusado por los Estados Unidos de lavar millones de dólares al régimen iraní proveniente de Venezuela, y de violar las sanciones impuestas a la República Islámica de Irán por el gobierno estadounidense.
Solucionar la crisis habitacional en Venezuela se convirtió en el pretexto para realizar una serie de operaciones financieras que permitieron lavar millones de dólares que estaban destinados a las arcas iranés. Un intrincado esquema diseñado por el empresario y banquero persa, Ali Sadr Hashemi Nejad, facilitó la jugada destinada a evadir las sanciones de EE. UU. a la nación islámica.
Construir viviendas en Venezuela pareció ser la coartada perfecta para enmascarar las operaciones financieras del gobierno iraní y así evadir las sanciones impuestas a la nación persa por el gobierno de los Estados Unidos a raíz de su programa nuclear y las sospechas de la administración norteamericana de que se fabrican armas nucleares en secreto en la república islámica. El programa de misiles iraní desencadenó en 2016 una crisis que llevó a EE. UU. a imponer las medidas que luego, con la llegada de Donald Trump al poder se han incrementado. En reiteradas ocasiones, el presidente iraní Hassan Rohani ha advertido a Washington que no tolerará más exigencias fuera de las en el acuerdo nuclear suscrito en 2015 al amparo del Grupo 5-1 (EE. UU., Rusia, China, Francia y el Reino Unido, miembros con derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU más Alemania), el cual se firmó con el objetivo de levantar las sanciones internacionales que regían contra el gobierno de Teherán.
Destaquemos que entre los años 2006 y 2010 el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, ONU, emitió en cuatro ocasiones sanciones a Irán por sus actividades de enriquecimiento de uranio (2006, resolución 1737; 2007, resolución 1747; 2008, resolución 1803; 2010, resolución 1929). En cada uno de estos capítulos, dichas sanciones se ampliaron e hicieron más complejas, dada la poca o nula cooperación del gobierno del entonces presidente, Mahmud Ahmadineyad, en el cumplimiento de sus obligaciones respecto al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares y por no permitir la verificación internacional que permitiera comprobar que su industria nuclear tiene fines pacíficos[1].
Por Maibort Petit
@maibortpetit