La comunidad de Parguaza sustituyó al cacique que falsificó firmas para aprobar empresa para explotar el Arco Minero del Orinoco.

Desde hace dos años la comunidad indígena de Parguaza, ubicada en el unicipio Cedeño del estado Bolívar, lucha contra la explotación del Arco Minero del Orinoco, incluyendo a su antiguo cacique, Enrique Gordo, a quien denunciaron de haber falsificado firmas para aprobar la instalación de la empresa mixta Parguaza, autorizada para explotar coltán en la zona.

La sustitución del cacique se dio el pasado 3 de febrero y este martes fue juramentado Federico Quiñonez, como nuevo cacique de Parguaza, la cual abarca a unas 33 comunidades indígenas, entre ellas: Cerro Cucurito, Caño Cucurital, Arume, Orianera, Caño Bejuco, Asocolorado, Salto Maraca, Verea, Caño Blanco, Fundo Nuevo y Santa Fe.

Según declaró Franklin Quiñones, activista indígena, Gordo falsificó las firmas de la comunidad para aprobar la instalación de la empresa mixta Parguaza, para la explotación del Coltán en el Arco Minero del Orinoco, ya que después de consultar con los capitanes indígenas, estos aseguraron no estar de acuerdo con tales concesiones.

“Se dejó manipular por líderes políticos. Se instaló una empresa minera y se consultó con los capitanes y no aprobaban eso. El cacique violó nuestros derechos”, manifestó Quiñones, quien agregó que otra empresa minera ya estaba en proceso para su instalación, pero los capitanes y la comunidad lo impidieron con el cambio de cacique.

El área destinada para la explotación de coltán en el Arco Minero del Orinoco, donde habitan indígenas de la etnia piaroa, pone en peligro sus vías de sustento, como lo son la siembra de yuca amarga, cacao y piña, actividad que forma parte de su sustento de vida, ya que comercializan los productos a Puerto Ayacucho, estado Amazonas.

La empresa mixta Parguaza fue creada en 2016, el 55% pertenece al Estado y 45% a la Corporación venezolana Faoz. Es la única que cuenta con una concesión, por 20 años, para la explotación del coltán en Parguaza, la cual fue otorgada por decreto presidencial, sin revisión de la Asamblea Nacional. Asimismo, sospechan que la explotación ilegal de coltán termine como contrabando en Colombia, para ser distribuido a otros países.

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