Los expresidentes de varios países que han servido como mediadores del diálogo en el país, rechazaron la posible intervención de Estados en Unidos Venezuela.

Los expresidentes de España, José Luis Rodríguez Zapatero; República Dominicana, Leonel Fernández; y de Panamá, Martín Torrijos, rechazaron la intervención de Estados Unidos en Venezuela al criticar las sanciones financieras impuestas por EE.UU. y el planteamiento de una intervención militar para solucionar la crisis venezolana. Los exmandatarios aseguraron que, la invasión extranjera en Venezuela no es la solución a la actual situación. «Consideramos que las sanciones y la hipótesis esgrimida de una intervención militar no contribuyen a una solución inteligente y constructiva y son profundamente inconvenientes», señalaron en un comunicado conjunto los tres exmandatarios, líderes de una misión de mediación entre oficialismo y oposición.

«La comunidad internacional debe contribuir a ese proceso de búsqueda del entendimiento. Avivar la confrontación no ayuda, solo incrementará la inestabilidad hasta conducir a un callejón sin salida», añadieron.

El pasado viernes, el presidente estadounidense Donald Trump prohibió por decreto negociar deuda emitida por el Gobierno venezolano y Petróleos de Venezuela, S.A (Pdvsa), las primeras sanciones contra el país como tal después de las establecidas contra el presidente Nicolás Maduro y algunos colaboradores. El líder estadounidense también advirtió hace semanas de una eventual opción militar ante la grave crisis política y económica del país petrolero, con protestas en la calle desde abril que dejaron 125 muertos.

Maduro calificó estas sanciones de «brutal agresión» mientras que la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) lanzó un comunicado apoyando estas medidas, alegando que quien viole la Constitución de la República como la ha hecho el Ejecutivo nacional, debe recibir sanciones de países extranjeros, por lo que los principales afectados de las nuevas sanciones de Estados Unidos sobre Venezuela, serán los funcionarios del Gobierno de Maduro que han realizado negocios ilícitos con el erario público.