Promesas incumplidas, hogares y viviendas destruidas. Un Lago que en cualquier parte del mundo sería sitio turístico, se convirtió en el enemigo de miles de familia asentadas al sur de Maracay, capital de Aragua, a 134 kilómetros de Caracas.
El Lago de Valencia comenzó su crecimiento acelerado y arrasó todo a su paso. El incumplimiento en las políticas de saneamiento y control de las aguas ordenadas en 1999 por parte del Gobierno nacional, generó el caos en las familias que perdieron sus viviendas.
Isolina Cabrera, fue acreedora de un crédito hipotecario en 1982. Logró adquirir su vivienda en la manzana 29 de Mata Redonda, un urbanismo de clase media con estructuras de 290 metros cuadrados.”Dejé utilidades, sacrifiqué vacaciones por construir mi casa”, recordó con nostalgia al ver en lo que quedó convertido el urbanismo.
Aguas negras que supuran y corren libremente frente a su casa es un panorama que se repite en cada calle. La alegría duró poco aquel 6 de agosto de 2006, cuando El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), máxima instancia judicial en Venezuela, ordenó la indemnización pecuniaria de los afectados por el Lago. El pago se haría previa evaluación de las casas. Luego serían demolidas. En ese momento, todavía el Estado garantizaba la vida y salud de los habitantes.
Arremetida gubernamental
Cabrera, contó que cuando comenzó el proceso de indemnización, al menos unas 400 viviendas del urbanismo contiguo La Punta, fueron demolidas. Un proceso paulatino que se convirtió en lo que ahora consideran una pesadilla. Al asumir su mandato, el entonces Gobernador Rafael Isea (oficialista exiliado y buscado por la justicia venezolana) junto al ministerio del Ambiente, se produjo una nueva decisión del TSJ, la cual no favoreció a quienes aún permanecían a la espera del turno por indemnización pecuniaria.Ya no se indemnizaría a los habitantes afectados por el Lago. El Estado decidió que no hay disponibilidad de dinero para nadie y sólo entregaría casa por casa.
La decisión del entonces primer mandatario regional fue seguida por el actual Gobernador Tareck El Aissami, también vicepresidente de la Región Central del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), quien en mayo de 2013 anunció la salida “en los próximos días” de los habitantes de Mata Redonda y La Punta afectados por la problemática generada por el Lago de Valencia. Igualmente, anunció la aprobación de Bs. 440 millones para reubicar a 133 familias de ambos sectores. Sin embargo, nada se concretó porque la cifra de propietarios que permanecía en el lugar duplicaba la expuesta por el mandatario. Han pasado dos años y cinco meses y la situación persiste.
El vía crucis de vivir en Mata Redonda
Hoy día, Isolina Cabrera, junto a más de 300 familias de Mata Redonda, permanecen en el urbanismo donde la inseguridad galopa y lleva la delantera. El detrimento en la calidad de vida de sus habitantes se ha aumentado. Las calles se encuentran totalmente deterioradas. El monte y las malezas han invadido la mayoría de las caminerías. Las viviendas de los propietarios que aceptaron “casa por casa” no fueron demolidas. Allí quedaron, desvalijadas por sus propios dueños antes de irse, pero finalmente invadidas desde marzo de este año.
“Somos venezolanos de segunda, no tenemos los mismos derechos porque se olvidaron de nosotros”, manifestó Cabrera, al asegurar que el servicio de recolección de desechos es paupérrimo como el resto de los servicios públicos. De acuerdo a sus declaraciones, las aguas blancas cambian de color para llegar a negra o marrón sin previo aviso. Aparte, no han llevado a cabo las labores de fumigación en la zona, trayendo como consecuencia la proliferación de zancudos y roedores. “Es una medida de presión para que abandonemos el único patrimonio que tenemos”, dijo quien ha debido soportar hasta tres días sin salir de su vivienda en tiempos de lluvia cuando las calles se inundan y deben esperar que bajen las aguas.
La lucha de quienes permanecen olvidados al sur de Maracay es titánica. La falta de respuestas oportunas los lleva a decaer, a vivir bajo constante depresión, “porque no es justo que el Lago se fue comiendo nuestros sueños, nuestro patrimonio, desmembró familias y el Estado se ensañó contra nosotros”, concluyó Cabrera.
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