El Observatorio Venezolano de la Justicia manifestó mediante un comunicado su rechazo a las elecciones presidenciales en Venezuela convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente Cubana por la falta de garantías mínimas para el desarrollo de este proceso.
A continuación el comunicado:
COMUNICADO DEL GRUPO DE PROFESORES DE DERECHO PÚBLICO, ONG, DEFENSORES DE DDHH, COLEGIOS DE ABOGADOS Y OTROS ABOGADOS Y PROFESORES UNIVERSITARIOS
Ante el decreto constituyente sobre la convocatoria de elecciones presidenciales en el primer cuatrimestre del año 2018, publicado en la Gaceta Oficial N° 6.361 Extraordinario, de fecha 23 de enero de 2018, emanado de la ilegítima e inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente, quienes suscribimos, profesores de Derecho Público de las Escuelas de Derecho de las Facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas de diversas universidades del país, expresamos:
La democracia comprende todos los elementos esenciales y componentes fundamentales contenidos en la Carta Democrática Interamericana. Las elecciones son un requisito necesario, pero no suficiente para definir una democracia. Las elecciones en todo caso deben convocarse y llevarse a cabo en respeto a los estándares universales de libertad, transparencia, igualdad e imparcialidad.
La libertad y el respeto de los derechos fundamentales son una condición de los sistemas democráticos; en lo electoral son garantías mínimas: el ejercicio libre del voto, que permita a los electores expresar su preferencia, sin manipulaciones, ni condicionamientos; el derecho a la asociación con fines políticos, la libertad de postularse como elegibles y la autonomía e independencia de los órganos del Poder Electoral, condiciones consagradas en nuestra Constitución vigente en los artículos 63, 67 y 294 y en instrumentos internacionales.
La inviolabilidad de esas disposiciones es un imperativo para el desarrollo de los procesos electorales, que no pueden ser usados fraudulentamente para distorsionar la voluntad del electorado.
Esas garantías no existen hoy en Venezuela, por la inconstitucional conformación del Consejo Nacional Electoral, las irregularidades en el Registro Nacional Electoral, la arbitraria inhabilitación de líderes políticos, su persecución y hasta encarcelamiento de algunos, la invalidación de las asociaciones con fines políticos, la ausencia de cronograma electoral, la negativa a la observación internacional objetiva e independiente, además de las irregularidades y ventajismos de los que se sirve el oficialismo durante la campaña electoral.