En lo que va de 2018 se han registrado por los menos tres masacre en minas de Bolívar, al sur de Venezuela. La última dejó seis personas fallecidas.
La violencias en las minas en Bolívar no es algo nuevo, los enfrentamientos entre bandas o sindicatos por el control minero ha dejado constantes muertes en cada zona. Pero a ello se suma otro elemento, las incursiones militares y, peor aún, la guerrilla colombiana.
El pasado 7 de mayo, habitantes de Guasipati, municipio Roscio, denunciaron el presunto ingreso del Ejército de Liberación Nacional (ELN) a varias minas en Bolívar: Cicapra, El Caolín, Campanero, El Cuadro y El Muertico. La cifra oficial de fallecidos no se conoce a la fecha, tampoco hubo un pronunciamiento de autoridades y el presidente Nicolás Maduro ni desmintió el asunto cuando fue interrogado por ello en su cierre de campaña electoral en San Félix, el 16 de mayo. Extraoficialmente se habló de más de 20 muertos.
Ese mismo día de su evento político, ocurrió el segundo enfrentamiento en menos de 15 días en las minas en Bolívar, y que implicaban otra vez al ELN. La versión de los pobladores es que hubo un enfrentamiento entre el grupo guerrillero, en alianza con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), y el pranato minero, para retomar el control de esas zonas que fueron tomadas por el Ejército de Liberación Nacional.
Por este hecho solo fueron confirmados seis fallecidos en la mina El Caorín, e identificaron a cuatro de ellos: Xiomara Margarita Codayos (49), Ernesto Abreu (30), Jesús Gregorio Plaza Gordogoite (18) y Jhon Robert Jiménez Rivas (32).
El diputado a la Asamblea Nacional, Américo De Grazia, denunció la falta de información sobre el caso, así como la desaparición de José Enrique Abreu, de 30 años de edad, bodeguero de la mina Campanero, por lo que se presumía asesinado.
¿Por qué la violencia en las minas en Bolívar?
En febrero de este año tuvo lugar la primera masacre minera de 20018, fue en la mina Cicapra en Guasipati con 18 personas ejecutadas tras la incursión del Ejército Bolivariano. La mina estaba al mando de Angeli Rodríguez, apodada la Patrona, quien era hermana de Anderson Rodríguez, líder de esta zona y quien fue asesinado en septiembre de 2017 a las afueras de una discoteca en Puerto Ordaz.
El control por el oro y otros minerales ha llevado a los enfrentamientos entre bandas y las masacres. Desde la creación del arco Minero del Orinoco, los rumores se han centrado en un intento de «limpieza» de las minas en Bolívar para ser entregadas a trasnacionales; de allí el aumento de las muertes en estas zonas.
Desde que se dio la mascare de Tumeremo en 2016, con 17 cuerpos encontrados en una fosa, se conocieron testimonios sobre familiares cuyos parientes un día se fueron a trabajar a las minas en Bolívar y desde entonces no supieron nada más de ellos. Los habitantes del sur se atreven a decir que cuando no se sabe nada más de un familair que se fue a trabajar a las minas «es porque ya está muerto. Aquí siempre hay asesinatos, pero muchos no se saben, y en la mayoría como los familiares no están aquí, no hay quien reclame».
Un trabajo del Correo del Caroní, publicado en marzo de 2017, detalla el contenido del informe de un ex comisario del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en el cual se indican pruebas sobre los nexos de la Gobernación de Bolívar, entonces a cargo de Francisco Rangel Gómez, con pranes mineros al sur de la entidad.
Instituciones del Estado siempre han estado al tanto, pero también han actuado por omisión ante la violencia minera que se agudiza en el estado Bolívar.
«Todas las denuncias del informe de Lezama Gómez se concentran en una maquinaria de corrupción que opera en todo el estado Bolívar, vinculada al gobierno regional. Ciertas o no las acusaciones, todos los casos han estado en manos de la Fiscalía, del Sebin y hasta en su momento del Ministerio de Interior y Justicia, sin que hayan continuado las investigaciones y establecido las respectivas responsabilidades de los implicados», destacó correo del Caroní..