El pago de las pensiones a los venezolanos en el exterior fue suspendido a partir de enero del 2016 sin ningún tipo de información oficial. Esta situación ha creado desahucios, depresiones y desequilibrio al sistema inmunológico y otras graves consecuencias a los más de nueve mil pensionados venezolanos que nos encontramos en España.

Hemos recurrido a todas las instancias oficiales venezolanas sin ningún tipo de respuesta: al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales), Defensoría del Pueblo y Banco Central de Venezuela; CENCOEX, para obtener respuesta acerca de la violación del Convenio Bilateral suscrito entre Venezuela y el Reino De España ( BOE» núm. 162, de 7 de julio de 1990, páginas 19465 a 19480 (16 págs.).

Este convenio establece, entre otros aspectos, que «las pensiones, subsidios, rentas e indemnizaciones adquiridas en virtud de la legislación de una parte contratante no estarán sujetas a reducciones, modificaciones, suspensión o retención por el hecho de que el beneficiario resida en el territorio de la otra parte o un tercer país».

En España hemos recurrido al INSS, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Ministerio de Exteriores Defensoría del Pueblo, para hacer la reclamación y exigir que nos ayuden al cumplimiento del mismo, pero tampoco hemos obtenido muchas respuestas.

Para la defensa de nuestros derechos procedimos a organizarnos, a partir del 2016, en Asociaciones en diferentes provincias y , en noviembre de ese año, en una Federación de Asociaciones de Pensionados y Jubilados de Venezuela en España (FAPEJUVES), está integrada por las Asociaciones de pensionados y Jubilados venezolanos de Andalucía, Aragón, Cataluña, Galicia, Canarias, Madrid y Valencia.

Somos un colectivo de personas mayores con edades comprendidas entre los 55 y los 90 años de edad, venezolanos-españoles y españoles-venezolanos, muchos de ellos emigrados a Venezuela en la década de los 50 y 60, que han trabajado muy duro y construido familias, que lograron su pensión y cumplen todos los requisitos para cobrarla, pero que la situación en Venezuela les ha obligado a retornar y ahora ven cómo se incumplen los convenios internacionales.

Otro grupo afectado es el de los pensionados que solicitaron traslado de sus pensiones y que han cumplido el procedimiento establecido por las autoridades venezolanos ante los diferentes Consulados, y que hasta ahora tampoco han obtenido respuesta.

Los aspectos anteriormente descritos han originado una situación de vulnerabilidad y exclusión social que nos está ocasionando una situación muy delicada: ya tenemos cuatro fallecimientos en menos de un año, de personas que incluso no tienen ni cómo hacer frente a los gastos funerarios.

Existe un silencio administrativo y sepulcral de parte del gobierno venezolano que agrava nuestra situación cada vez más, porque ya no estamos en condiciones de trabajar por la edad y la salud. Hasta ahora con mucho sacrifico y penuria nos hemos mantenido, con ayuda de familiares e instituciones sociales dedicadas al bienestar social: Cáritas, Banco de Alimentos, Cruz Roja, Asociaciones Civiles, Servicios Sociales de Ayuntamientos y Comunidades. En otros casos, a pesar de la edad y los achaques propios de la edad, algunos jubilados venezolanos en España están realizando labores de limpieza, cuidado de niños y ancianos, y otros que no pueden, están en situación de alta vulnerabilidad.

El gobierno venezolano viola el convenio y la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en materia de Seguridad Social. Nuestra pensión es un derecho adquirido, no nos da explicaciones y nuestra situación se agrava cada día.

Por esta razón, los invitamos a que nos acompañen a esta manifestación, para que se escuche nuestro clamor, para que lo escuche el Cónsul de Venezuela y la sociedad española, necesitamos que os respalden. Ayúdanos a alzar nuestra voz.

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