El gobierno británico estableció la legislación «Order 2018», la cual entrará en vigencia el 26 de febrero y se basa en dictaminar la prohibición, venta, suministro, transferencia y negociación a cualquier persona que haga vida comercial en el Reino Unido y funcionarios del gobierno de Venezuela.
El reglamento en cuestión desarrolla una serie de medidas sancionatorias, punitivas y restrictivas, como la prohibición por parte de los Estados Miembros de la Unión para la venta de armas y equipos para su mantenimiento, así como la elaboración de una lista de funcionarios gubernamentales.
En tal sentido, el Reino Unido dispone: prohibición de la venta o transferencia de equipos, proporcionar asistencia técnica, corretaje, financiamiento o asistencia financiera, servicios de telecomunicaciones o de monitoreo o interceptación de Internet en beneficio del gobierno de Venezuela a organismos públicos, corporaciones y agencias o cualquier persona o entidad que actúe en su nombre, sin autorización previa.
En caso de que una persona cometa una ofensa, esta puede ser multada y arrestada por seis meses si participa, en una actividad con el gobierno venezolano.
Las sanciones vienen luego que el año pasado el Reino Unido, expresara que ha vendido equipo militar por valor de millones de libras a Venezuela en la última década. Por lo que la primer ministra Theresa May llamó a suspender las licencias de exportación controlada mientras el país estuviese en manos de violentos enfrentamientos entre la policía y manifestantes.