La comunidad de Santa Elena realizó un cabildo proponiendo crear la policía municipal, con 100 indígenas y 100 criollos.
Este martes fue realizado un cabildo abierto con la comunidad de Santa Elena de Uairén, a raíz del robo a la vivienda de una familia de origen árabe, que terminó con el asesinato de una joven de 19 años, mientras que la madre y un niño de 10 años permanecen recluidos en un centro de salud de Boa Vista, Brasil, por las heridas de bala que recibieron por parte de los delincuentes.
Habitantes de Santa Elena se apostaron en horas de la tarde a las afueras de la comisaría del pueblo, para hacer entrega de los acuerdos resultantes del cabildo efectuado en horas de la mañana. Entre sus exigencias están el cierre de la Policía del estado Bolívar (PEB) y la creación de la Policía Municipal, a conformarse con 100 indígenas y 100 criollos.
Pero las protestas y reclamos que desde el lunes se registraron en dicha localidad, llevaron al ente policial a tomar medidas más drásticas. Aunque el gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez desmintió que funcionarios policiales estuviesen implicados en el caso, como denunció la comunidad, al menos 15 policías fueron expulsados de la comisaría, según se conoció extraoficialmente.
Expulsados
El director de la policía, Miguel Guerra, se refería a “ciertos cambios” en el Centro de Coordinación Policial. Sin embargo, horas después se observaron a los policías abandonando el lugar en medio de abucheos, gritos e insultos por parte de la comunidad, que exigía que los funcionarios abandonaran el municipio Gran Sabana. La unidad de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), donde eran trasladados los funcionarios, recibió varias pedradas por parte de algunos habitantes de Santa Elena.
Mientras el gobernador desmintió las denuncias d ela población, como pasó con el caso de la masacre de Tumeremo, el exconcejal Ramón Febres, asegura que «en cada asesinato en nuestro pueblo, la PEB está relacionada».
La sede de la comisaría fue tomada por la GNB, a cargo del comandante Chirinos, junto al capitán general indígena, Jorge Gómez, y los consejos comunales.