Condiciones de vida empeoran porque Tareck El Aissami se olvidó de urbanismos afectados por el Lago de Valencia.

Tareck El Aissami dejó a la buena de Dios a unas 520 familias de los urbanismos Mata Redonda y La Punta afectados por el Lago de Valencia, al sur de Maracay. Una inundación de aguas negras mezcladas con fluviales mantienen a buena parte de esa población presos en sus casas ante la imposibilidad de salir del urbanismo y enfrentarse a la gran contaminación del área.

El hurto del tablero eléctrico en el sistema de rebombeo de las aguas fluviales, fue la gota que rebosó el vaso. Las aguas no drenan y las lluvias caídas sobre Maracay colapsaron el área. Niños y adolescentes no han podido salir de sus casas para asistir a los colegios mientras que los adultos pierden día de trabajo al quedar atrapados en sus residencias, aseguró Isolina Cabrera, una de las afectadas que habita en Mata Redonda.

“Desde el lunes comenzó la situación, ya se había alertado la cecanía del periodo de lluvias, pero tantos días y el gobernador de Aragua Tareck El Aissami no se digna a solucionar esto».

«Es para que existieran por lo menos tres bombas ya para drenar las aguas negras pero aquí estamos, pegados a la oración para que no llueva más”, dijo Cabrera vía telefónica desde su vivienda, lugar donde permanece sin poder salir.

La situación  empeora cada día para quienes el estado le ha violado todos los derechos ciudadanos. Relató que el lunes personal de Protección Civil llevó a l lugar una bomba para achicar, pero sin cables porque supuestamente estaban esperando que llegaran de Valencia.

“Hay demasiada agua en la calle, no puedo salir de mi casa. Anoche llovió y ahora estamos incomunicados. El agua tapó la acera del frente y podemos salir solo con botas».

«Mucha gente no pudo asistir hoy a sus trabajos y escuelas porque estamos atrapados en aguas negras. No sé hasta cuándo tenemos que vivir así, y el gobernador Tareck El Aissami es peor que Isea porque viene a Aragua de vez en cuando. Nadie se ocupa de nosotros”, relató la afectada.

“Nos están saboteando y pedimos seguridad”

Génesis Machado, otra de las habitantes de Mata Redonda, dijo que ya la situación “huele” a sabotaje. Está cansada de la desidia gubernamental y que en Mata Redonda y La Punta, el gobernador Tareck El Aissami aplique la discriminación.

Dijo que ya es la cuarta vez que se roban los cables en la estación de rebombeo, por eso no descarta que se trate de un sabotaje. Exigió que se cambie al personal que custodia el recinto o que simplemente el Gobierno de Aragua se encargue de la seguridad en el área.

Machado insistió en que el patrullaje es escaso y que los habitantes quedan a merced del hampa, las aguas negras y en fin… la desidia. “Aquí nadie se imagina la contaminación en la que vivimos”, concluyó.

Cuando el gobierno se afinca contra el pueblo

Hace 10 años el TSJ sentenció la salida de los habitantes de Mata Redonda y La Punta, previo avalúo de las viviendas e indemnización pecuniaria. También la sentencia ordenaba la demolición de los inmuebles una vez deshabitados. Garantizar la protección de las familias fue la prioridad en aquella sentencia 1632 de la Sala Constitucional, ante el inminente riesgo por la crecida del Lago de Valencia.

El TSJ consideró en el 2006 que la falta de ejecución en los trabajos de saneamiento y control de las aguas del Lago, ordenados en 1999 y que debió ejecutarlos el Ministerio del  Ambiente, dejó en riesgo a las familias de Mata Redonda y La Punta, por lo que sentenció la indemnización de las familias.

La medida comenzó a ejecutarse durante el gobierno de Didalco Bolívar. La mitad de los habitantes de Mata Redonda y La Punta salieron del lugar con dinero en mano para comprar inmuebles en otro lugar. La situación cambió con la llegada de Rafael Isea a la gobernación de Aragua. Contraviniendo la sentencia del TSJ paralizó avalúos e indemnizaciones aún y cuando no era parte del proceso que le competía exclusivamente el Minamb.

TSJ reculó y dejo a la deriva a afectados por el Lago

Otra sentencia del TSJ dejó a la deriva a los habitantes de Mata Redonda y La Punta. La misma Sala Constitucional contravino su sentencia y suspendió las indemnizaciones pecuniarias por el sistema de asignación de viviendas “casa por casa”, por lo que muchos habitantes comenzaron la lucha por la indemnización, pues consideraron que fueron tratados como ciudadanos de segunda.

Los primeros desalojados pudieron escoger con dinero en mano, la compra de otro inmueble con igual o semejantes características, pero el gobierno nacional y regional solo ofrecían un casa por casa en los pocos urbanismos en construcción, fuera de Maracay, en obra gris y pequeñas; que en nada se comparaban con los casi 300 metros cuadrados de los inmuebles de Mata Redonda y La Punta.

Tareck El Aissami, lejos de ofrecerle solución a los afectados por el Lago, continuó la práctica de violación de derechos. En el urbanismo no hay patrullaje policial, eliminaron las dos comisarías que existen. Las viviendas desalojadas por quienes aceptaron el “casa por casa” como medida desesperada por salir del lugar, no fueron demolidas. Las invasiones reinaron en el lugar, donde los servicios públicos fallan, la maleza se apoderó del lugar, no hay sistema de recolección de basura constante, las calles están destrozadas, el alumbrado público poco funciona, los robos están a la orden del día y ahora se sumó otro problema: los cortes eléctricos.

Isolina Cabrera explicó que Mata Redonda y La Punta había quedado fuera del Plan de Administración de Cargas, precisamente para proteger el sistema de rebombeo de aguas servidas y fluviales.

“Ahora nos quitan la energía eléctrica varias veces al día. Cuando llega es media fase, intermitente, nos está dañando equipos eléctricos. A mi me dañó un aire acondicionado y la nevera esta semana, y el técnico no puede venir a repararlos porque estamos inundados».

«Es raro cuando tenemos luz todo el día, tenemos que apagar todo, desconectar para que no se sigan dañando”, dijo Isolina Cabrera en medio de la indignación.

Mientras tanto, los afectados por el Lago exigen al gobierno regional que se aboque a la solución del problema del que se ha hecho la vista gorda durante los últimos siete años.