Mientras unos reciben bolsas de comida por votar en elección de la Constituyente, otros son amenazados con despidos.
En medio de la revelación que hizo la agencia de noticias Reuters sobre el fraude en la elección de la constituyente, la cual no habría llegado a los 4 millones de “votos”, el Gobierno premia a quienes participaron en la jornada del 30 de julio y se desquita contra quienes no se sometieron al chantaje del sector oficialista.
Para muestra, desde este lunes los trabajadores de las empresas básicas de Guayana estarían siendo chequeados en sistema para saber si votaron o no en la elección de la constituyente, recibiendo a cambio su respectiva bolsa de comida del Clap en caso de que sí hayan participado. Uno de estos casos fue en CVG Venalum.
Trabajadores han denunciado que se trata de una retaliación política, donde el problema no sería tanto recibir o no la bolsa de comida, pues hasta dudan que los beneficiados la reciban nuevamente hasta una próxima elección, sino que se materialice las amenazas de despidos que hicieron previo a la elección de la Constituyente.
Precisamente, dirigentes opositores se han hecho eco de las denuncias de los trabajadores de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), señalando directamente a la vicepresidenta de hacer cacería de brujas para despedir a empleados.
Los trabajadores aseguran que hay quienes ya cuentan con calificativos de despidos, otros desmejorados de sus áreas de trabajo, tal cual como hicieron contra quienes participaron en la validación de firmas para la solicitud del referendo revocatorio contra Nicolás Maduro.
Durante la jornada del simulacro y en la propia elección de la constituyente, trabajadores eran llamados para dar su número del carnet de la patria y ser monitoreados para saber si participaron o no en el fraude de la convocatoria del Gobierno.