Este sábado, la Justicia de Andorra, encargada de investigar el supuesto desfalco de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), ha reclamado a las autoridades de la compañía estatal el organigrama por la que se rige la empresa, en el marco de la investigación que llevan a cabo desde mediados del pasado año 2017.

De acuerdo a El País, el tribunal de justicia del país europeo busca desentrañar el cobro de aproximadamente 2.000 millones de euros en comisiones ilegales que exfuncionarios de PDVSA pagaron a funcionarios y empresarios próximos al oficialismo, entre los años 2007 y 2012.

La jueza de Andorra, Canólic Mingorance, ha remitido también a Venezuela una lista de 35 personas relacionados con la petrolera, para conocer con exactitud sus cargos, responsabilidad, competencia o relación con esta empresa pública, la principal del país.

“Para entender el sistema de corrupción es necesario determinar cuál era la ocupación y la responsabilidad de la persona sobornada”, declaró la jueza a medios estadales de Andorra, que además afirma que 2.000 millones de euros que transitaron por la BPA (Banca Privada d’Andorra) “provendrían de la corrupción en el marco de pagos de comisiones ilegales».

Entre los 35 nombres de la lista de la juez de Andorra, se encuentran Nervis Villalobos, exviceministro de Energía y Petróleo encargado del suministro de electricidad entre 2001 y 2006; Javier Alvarado, exviceministro de Energía y expresidente de Corpoelec, la eléctrica estatal; y Diego Salazar, primo de Rafael Ramírez, exministro de Energía, expresidente de PDVSA y representante hasta el pasado diciembre del Gobierno de Nicolás Maduro en la Organización de Naciones Unidas (ONU).