Nicaragua está viviendo desde el miércoles grandes focos de protestas contra el gobierno de Daniel Ortega que ha acabado con la vida de más de 20 personas y más de 80 heridos, víctimas de la represión por parte de la fuerza de seguridad del Estado.

Las manifestaciones comenzaron porque el presidente del país creó una nuevas reformas del Seguro Social que aumenta la cuota patronal y laboral, creando nuevas cotizaciones para los jubilados y pensionados.

¿Qué significan los nuevos cambios?

Las nuevas tasas de aportes al Seguro Social que anunció el gobierno de Daniel Ortega el pasado lunes, consiste en que los empleados deberán dar a la institución del 6,25 % al 7 % de su salario a partir del 1 de julio del año en curso.

Aunado a ello, la cuota patronal aumentó del 19 % al 22,5 % que los empleados deberán pagar al Seguro Social de su sueldo mensual. La misma aumentará 1 punto porcentual más a partir del 1 de enero de 2019 y 0,5 puntos porcentuales a partir de 2020, hasta alcanzar un 22,5%.

Por su parte, los jubilados deberán aportar 5 % del monto que reciben como pensión de retiro, en concepto de cobertura de enfermedades y maternidad.

Según el Gobierno, las medidas serán empleadas para paliar el deficit que tiene Seguro Social desde hace varios años.

“Adicionalmente se ajustan algunos de los factores para que las pensiones, manteniéndose dignas en este país, tengan un cambio correspondiente a las capacidades que tiene el instituto para pagar”, dijo Roberto López, presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense del Seguro Social.

Presidente de Nicaragua dispuesto a dialogar

En medio de las protestas donde las personas afirman que las reforman traerá desempleo, el presidente Daniel Ortega indicó que dialogará con los empresarios que desde el principio han rechazo la medida.

Desde el momento del anuncio, empresarios del sector privado presentaron un recurso de amparo para tratar de revertir la situación.

“Las amenazas que nos están implicando son más desempleo, más informalidad, menos consumo, menos competitividad y obviamente va a tener un impacto en el clima de negocios”, criticó José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada.

«Expresamos nuestro total respaldo a todos los jóvenes y a la población en general que se han movilizado y manifestado pacíficamente en defensa de sus principios y derechos», dijeron los empresarios en un comunicado, pese al anunció de Ortega quien esperó que su llamado al diálogo calmara la situación.

En este sentido, los empresas exigen tres puntos: Cese inmediato de la represión, liberación inmediata de los apresados y restablecer la libertad de prensa, luego de que el Gobierno censurara a cinco medios de comunicación oor transmitir las protestas.

«No podemos ir a un diálogo si no se cumplen estas mínimas condiciones», afirman los empresarios, que además exigen la presencia de los jóvenes y la Conferencia Episcopal de Nicaragua en la mesa de diálogo.

Represión, descontento y muertes

Según historiadores en Nicaragua, estas manifestaciones son las más grandes que ha ocurrido en el país desde hace más de 11 años, donde la vicepresidenta, Rosario Murillo, tildó a los manifestantes de «tóxicos, malos hijos y gente mezquina».

“Tanta sangre derramada y no les basta, parecen vampiros reclamando sangre para nutrir su agenda política, para alimentarse porque el vampiro se alimenta con sangre, cree que con eso logra avances en sus agendas políticas”, dijo.

Ante el descontento de las personas que salieron a las calles alzando la voz contra el Gobierno, el presidente del país desplegó a los funcionarios de la fuerza de seguridad del Estado quienes han usado las armas contra el pueblo.

La prensa internacional reseña que hasta el momento se registran 25 muertes en los días de protestas, siendo un promedio de ocho muertes por día.

Venezolanos miran con tristeza la situación

Las manifestaciones que ocurren en Nicaragua traen amargos recuerdos a los venezolanos que en abril de 2017, salieron a protestar contra las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la decisión de instaurar la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y el desconocimiento de los diputados del Parlamento venezolanos.

Durante cuatro meses, los funcionarios de la Guardia Nacional estuvieron desplegados en las calles reprimiendo a los manifestantes, dejando un saldo de 130 fallecidos.

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