El Parlamento rechazó este miércoles el decreto que especifica las facultades y decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente impuesta ilegalmente en el país.

Los diputados repudiaron que las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente pretendan  pasar por encima de todos los poderes públicos constituidos en el país. En ese sentido, los parlamentarios debatieron y posteriormente aprobaron un acuerdo de rechazo al decreto de las facultades que tiene la Constituyente.

Durante el debate, el diputado Williams Dávila alegó que ningún decreto ni decisión de la constituyente tiene legitimidad debido a las circunstancias fraudulentas en las que se instaló y aseguró que el único Poder Legislativo vigente en Venezuela es que el que fue electo en 2015 y juramentado en 2016.

“Un cuerpo írrito como esa fraudulenta Constituyente no puede estar por encima del pueblo ni de la democracia. Jamás ni nunca la vamos a aceptar. Este acuerdo que vamos a considerar echa por tierra la teoría de que los poderes quedan subordinados ante la Constituyente”, expresó Dávila.

Por su parte, el parlamentario Luis Emilio Rondón desestimó las decisiones que ha tomado la Constituyente a pocos días de su instalación y las consideró como medidas para complacer al Gobierno nacional. “Lo primero que hace esta constituyente con sed de odio y venganza es destituir a la fiscal general de la República, por simplemente decirle al país que el Tribunal Supremo de Justicia violó el orden constitucional”, explicó Rondón.

Mientras que, el legislador Juan Pablo Guanipa, quien cerró el debate, señaló que la mayor parte de la población venezolana está consciente de que la Constituyente fue instaurada con trampas. “No hacía falta ni siquiera que Smartmatic dijera que hubo manipulación. Solo bastaba con ver que los centros de votación estaban vacíos el 30 de julio”.

El Acuerdo, suscrito por los parlamentarios de la Mesa de la Unidad Democrática, fue aprobado por mayoría y sin inconvenientes y cerró la sesión ordinaria de este miércoles, en la que también se debatió un acuerdo de respaldo a la declaración pronunciada este martes en la ciudad de Lima, que fue refrendada por 12 países de América y el Caribe y presentaron un informe del índice inflacionarios de 2017.