Aseguran que desde el año 2017 funcionarios adscritos al Cicpc cometen actos que atentan la paz y la tranquilidad de los habitantes de Tumeremo.

Tras los múltiples abusos de los que han sido víctimas ciudadanos de diferentes sectores del municipio Sifontes, al sur del estado Bolívar, hoy organizados y con la representación de consejos comunales piden la expulsión inmediata de la unidad del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de dicha localidad.

Así lo dio a conocer Nelly Briceño, vocera del consejo comunal La Caratica, quién aseguró que los funcionarios del Cicpc en Sifontes, sólo se han dedicado a sembrar zozobra entre la colectividad con prácticas que conllevan abuso de poder y situaciones delictivas con móviles falsos.

“Rechazamos y repudiamos los hechos de violación de los Derechos Humanos y abuso de poder del Cicpc, por lo que solicitamos que sea intervenida y expulsada definitivamente del municipio pues no vamos a seguir tolerando cambios de comisarios, jefes, ni de nuevos funcionarios e inspectores, que heredan los vicios de cobro de vacuna a los comerciantes, allanamientos a las viviendas privadas, personas desaparecidas y cadáveres con móviles falsos, además de vulgares laboratorios de enfrentamientos”, dijo Briceño.

Informó que en la localidad la población alcanza más de 18 mil familias en la que  consejos comunales, organizaciones mineras y comerciantes que hacen vida en Sifontes, prefieren incluso estar sin este cuerpo de seguridad.

Por su parte Yuri Aguinagalde miembro y vocera del sector Villa Felicidad destacó que el único cuerpo de seguridad que debería velar por ellos es el Ejército, por ser un pueblo Fronterizo.

“Aprovechamos para hacer de su conocimiento que en todo el municipio Sifontes en cada distancia de 50 metros aproximadamente existen alcabalas móviles improvisadas, sin sus debidos protocolos con el fin y único propósito de cobrar un monto fijo a todos los vehículos que transitan por el pueblo, ya que se nos cataloga como talibaneros, por el simple hecho que el vehículo posee gasolina en sus respectivos tanques, por lo tanto el combustible en el Municipio Sifontes lo tienen secuestrados por funcionarios antes mencionados”, enfatizó Aguinagalde.

Finalmente solicitan al presidente Nicolás Maduro, una Oficina de Atención al Pueblo, una de Derechos Fundamentales, que tengan enlace directo con la Presidencia de la República, con Fiscalía General de la República, Defensoría del Pueblo, Derechos Humanos y demás organismos que puedan alzar la voz por los habitantes de este municipio.

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