El diputado César Ramírez condenó la violación de derechos humanos durante “operación Tun Tun” en Puerto Ordaz.

Siendo testigo de lo ocurrido la noche del jueves en las urbanizaciones Villa Latina, Los Olivos y Los Mangos en Puerto Ordaz, donde funcionarios de la Guardia Nacional, contrainteligencia Militar y Sebin violaron derechos humanos al aplicar la “operación Tun Tun”, anunciada por el diputado del PSUV, Diosdado Cabello, el diputado del Consejo Legislativo en el estado Bolívar (CLEB), César Ramírez, solicita a la Fiscalía General de la República investigar tales hechos.

“La actuación que vimos de los funcionarios en el estado Bolívar, está muy alejada de lo que es una operación policial, más bien parecía una operación delincuencial con personas uniformadas de guardias nacionales, encapuchados y con armas de fuego causando destrozos y atropellando a una población civil en el interior de sus viviendas, violando derechos humanos”, expresó el parlamentario regional.

Testigo de los destrozos

Ramírez hizo presencia mientras los funcionarios con mandarrias, equipos de demolición, armas de fuego y hasta bidones, ingresaron a los edificios rompiendo vidrios y puertas principales de acceso.

“La puerta de la conserjería de una de las residencias la rompieron, y lo que consiguieron fue material de mantenimiento. La crueldad fue tan grande que con un cuñete de asfalto líquido pintaron en el piso un grafito que decía ‘esto es para que sigan guarimbeando’, mientras que con galones de pintura mancharon los ascensores y pasillos”, contó.

“En el piso nueve rompieron la puerta del apartamento 9-F para llevarse detenido a un menor de 17 años, sin una orden de captura ni de allanamiento. Este tipo de operaciones están alejadas del marco de derecho y del debido proceso establecido en el artículo 49 de la Constitución vigente”, agregó.

Ramírez consideró que este tipo de actuaciones merecen ser investigadas, e instó a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, que ordene una averiguación penal contra el gobernador Francisco Rangel Gómez, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y Guardia Nacional, por causar destrozos en propiedad privada, allanamiento de apartamentos sin orden de un tribunal y privación de libertad de un menor de edad sin una orden previa.

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