Este jueves 24 de mayo se cumple un año de que la entonces fiscal general, Luisa Ortega, se pronunciara sobre las investigaciones del Ministerio Público en las que determinaba que el joven Juan Pablo Pernalete había sido asesinado por el impacto de una bomba lacrimógena disparada por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en Altamira, el 26 de abril del 2017. Un año después, el expediente sigue exactamente igual y el organismo, dirigido ahora por el ex Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, no se ha vuelto a pronunciar.

Según Ortega, el artefacto fue disparado directamente al pecho a “quemarropa”, causándole la muerte por un shock cardiogénico por traumatismo cerrado de tórax. La Fiscal indicó en ese momento que la investigación se realizó en base al reconocimiento técnico, el acoplamiento del cartucho, la presencia del residuo en la franela de Pernalete con los elementos que lo componen, el análisis químico y las experticias necesarias. Afirmó que estaba identificado el grupo responsable de hacer el disparo y que en los próximos días se sabría quién era el responsable directo, pero nada se ha sabido desde entonces.

«Nosotros como padres, después de buscar infructuosamente la justicia en Venezuela, siempre apegados tanto a la Constitución y a las normas nacionales para exigir justicia como víctimas directas e indirectas en el asesinato de nuestro hijo, hemos llegado a la conclusión de que no nos van a entregar el guardia que nos lo asesinó, porque eso significaría tener que condenar a los personeros y voceros del Estado, periodistas, medios de comunicación que tergiversaron la verdad y lo llamaron delincuente, criminal, terrorista» afirman hoy José Gregorio y Elvira Pernalete, padres de Juan Pablo.

En su momento, lo dicho por la Fiscal desmintió a Ernesto Villegas, entocnes ministro de Comunicación e Información, y a Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia, quienes aseguraron que a Peronalete lo habían asesinado con una pistola de perno. Asimismo, refutó las declaraciones de Diosdado Cabello, que en aquel momento aseguró que la GNB no estaba en el lugar cuando asesinaron al estudiante y que lo habían asesinado «ellos mismos», en referencia a los manifestantes opositores.

Visitas infructuosas y respuesta vagas

La desesperación de estos padres ha hecho que, este miércoles 23 de mayo, se apersonaran ante el Ministerio Público, como lo han hecho a lo largo del último año, para exigirle respuestas como institución encargada de velar y dar justicia a los venezolanos, pero no obtuvieron respuesta alguna. «No han individualizado al Guardia Nacional, las respuestas son vagas, que el componente militar no les ha dado respuestas. Al preguntarles como Ministerio Público cuáles son los pasos que van a seguir para solicitar al Componente Militar la individualización del Guardia Nacional, no nos responden, eso aunado a que la fiscal 62 que llevaba el caso de nuestro hijo ahora está como subdirectora de Derechos Fundamentales y es otro Fiscal quien va a comenzar de nuevo con el caso» explican los padres.

Las respuestas también han sido vagas o simplemente no han recibido ninguna cuando han realizado las debidas denuncias como víctimas. Ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) denunciaron al Comando y Estado Mayor de la Guardia Nacional Bolivariana encabezados por los generales Vladimir Padrino López, Benavides Torres y Fabio Enrique Zavarse; a los funcionarios Ernesto Villegas y Deysi Rodríguez, ambos Ministros del Ejecutivo Nacional para el momento del asesinato; e igualmente a los diputados Diosdado Cabello, Pedro Carreño y María Alejandra Díaz, actualmente Constituyentistas. Igualmente, ante la Fiscalía 49 del Ministerio Público denunciaron a los conductores de los programas de televisión del canal Venezolana de Televisión (VTV) Ricardo González, Pedro Carvajalino y Llanfrancis Colina; conjuntamente con el Director del periódico Últimas Noticias, Eleazar Díaz Rangel.

A día de hoy, no hay respuesta ni del TSJ ni de la Fiscalía 49, a las solicitudes de antejuicios de mérito, por parte de la Juez asignada, Dra. Marjorie Calderón.

«Queremos dejar constancia de que seguiremos buscando justicia, tanto nacional como internacional. Recordemos que el pasado 26 de abril introdujimos ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, una denuncia formal contra al Estado venezolano por la violación de los Derechos Humanos en contra de nuestro hijo Juan Pablo Pernalete, basada en la violación del derecho a la vida, a la libertad de expresión y reunión pacifica, y al honor y reputación de nuestro hijo Juan Pablo. Como padres hemos sido objeto de tratos crueles e inhumanos y degradantes por parte de funcionarios y personeros del Estado, al mancillar la memoria de nuestro hijo, al llamarlo terrorista, delincuente, causándonos un daño moral, psicológico y humillante. No descansaremos hasta encontrar justicia» afirman.

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