¡El referendo revocatorio va! afirman dirigentes de PJ quienes acusan al CNE de aplicar operación morrocoy
Dirigentes de Primero Justicia acusan al CNE de poner trabas al referendo revocatorio contra Maduro. Los representantes de la tolda aurinegra en el estado, quienes han estado movilizados por el cambio en democracia, exigen al órgano comicial deponer la actitud obstruccionista que advierten, han mantenido hasta ahora para tratar de demorar la activación del referendo revocatorio, anhelo de la población venezolana.
“Ya van tres veces que hemos pasado la comunicación formal ante el CNE para que nos dé el formato que debe llevar la solicitud de activación del revocatorio, pero siempre hay una excusa distinta, una traba, una operación morrocoy para intentar retrasar el proceso de cambio de Gobierno de forma pacífica y electoral”, afirma el diputado Richard Arteaga, miembro del Parlamento Nacional.
El formulario que espera la dirigencia de PJ de parte del Poder Eectoral, es el que va acompañado con el 1% de las firmas (200 mil aprox.), para activar formalmente el referéndo y de allí esperarán las reglas para recolectar unos 4 millones de rubricas necesarias para dar por hecho la consulta.
Tatiana Montiel, también legisladora, asegura que el CNE viola la Constitución al retrasar de manera injustificada la activación del mecanismo constitucional de cambio de Gobierno promovido por la Unidad.
Advierte que están decididos a sortear todos los obstáculos que surjan, porque en definitiva, será el pueblo quien convoque al revocatorio.
Montiel adelantó que realizarán una serie de asambleas necesarias para la activación de la consulta y precisa que el entusiasmo por salir de manera democrática de la pesadilla que significa Maduro, impulsa cada día a más venezolanos a luchar contra los obstáculos que impone el CNE para retrasar el referendo revocatorio.
Agresiones por parte de tarifados del Gobierno
Tanto Arteaga como Montiel fueron tajantes al deplorar los hechos violentos ocurridos frente a la sede del Poder electoral en Caracas, agresiones que afirman, fueron ejecutadas por grupos violentos “asalariados del Gobierno que reciben pago para que hagan eso”, descartaron el término enfrentamiento, señalando que en todo momento la agresión estuvo del lado oficialista.