Pueblos indígenas de Bolívar exigen respeto a sus territorios ante pretensiones de negociar para permitir la minería ilegal.
Pueblos indígenas en el estado Bolívar se han solidarizado con sus hermanos pemones de San Luis de Morichal, en el municipio Sifontes al sur de la entidad, por la violencia minera a manos de bandas armadas autodenominadas «sindicatos».
Los pueblos indígenas del municipio Gran Sabana exigieron respeto y reconocimiento a los territorios de los pemones, reiterando que las «tierras indígenas no se negocian», pues aseguran que el martes acudirá una representación del Gobierno regional a San Luis de Morichal para una presunta negociación, debido a intereses del gobernador Justo Noguera Pietri en relación a la minería.
Asimismo, exigieron una investigación por presuntas maquinarias de funcionarios de organismos de seguridad en la mina El Chiguao.
Indígenas de San Luis de Morichal denunciaron el asesinato de al menos dos de sus hermanos. El caso más reciente es el de Óscar Maya, hermano del capitán Omar Maya, quien habría sido secuestrado el pasado 13 de marzo. El consejo de caciques generales del pueblo pemón fue quien denunció el presunto asesinato a manos de grupos autodenominados «sindicatos», a los que denunciaron por extorsión para realizar actividades mineras en territorio indígena.
A estos llamados «sindicatos» también se les acusa del asesinado de otro indígena, Domingo Cabrera, el pasado 30 de julio de 2017.
La comunidad Pemón de San Luis del Morichal realizó una tranca de la vía fluvial Rio Chicanan el pasado sábado 17 de marzo con la finalidad de exigir que le sean entregados los restos de Oscar Meya.
La ambición por el oro y el abandono de los pueblos del Sur por parte del Estado han traído como consecuencia disputas sumamente violentas entre grupos armados por el control de territorio, siendo los más afectados las comunidades indígenas y los habitantes de otros pueblos de la zona. Existen cientos de noticias, correspondientes a la última década, que reportan masacres y crímenes de lesa humanidad perpetrados principalmente por los mal llamados “sindicatos”, con los cuales también se han llegado a vincular cuerpos de seguridad estatales en distintos niveles. El secuestro en febrero de 2015 de nueve soldados y del para entonces comandante del Ejército venezolano, Giancarlo Giordani Leal, por parte de las comunidades indígenas Ye’kwana y Sanema del río Caura, es sólo una de las decenas de casos registrados de conflictos generados a partir de abusos militares en las comunidades.