Efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) reprimieron la manifestación opositora que tenía como destino la Defensoría del Pueblo en Caracas. 

Alrededor de 4 horas duro la represión de los efectivos de los distintos cuerpos de seguridad del Estado, en contra de los manifestantes, impidiendo la llegada de la oposición a la Defensoría del Pueblo en Caracas. Los efectivos comenzaron a dispersar la marcha con bombas lacrimógenas en la autopista Francisco Fajardo, a la altura del centro comercial El Recreo.

Los ciudadanos hicieron retroceder en varias oportunidades los equipos antimotines, aproximadamente unos 500 metros. Sin embargo, al final de la jornada hicieron retroceder a las personas que se encontraban en la vía. Los manifestantes se defendían con ramas de los árboles, piedras, objetos de metal y sus consignas; entretanto, los funcionarios utilizaron perdigones, bombas lacrimógenas, los equipos antimotines y una “ballena”.

Para defenderse, los ciudadanos tomaban las lacrimógenas y las lanzaban al río Guaire. Al final de la jornada se dispersaron hacia Bello Monte, Chacao, Chacaíto y Altamira.

Capriles asfixiado

Por su parte, el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, sufrió de asfixia producto de los gases lacrimógenos que funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y Guardia Nacional Bolivariana (GNB) arrojaron a los manifestantes que se dirigían a la Defensoría del Pueblo desde la autopista Francisco Fajardo.

Un video difundido en la red social, en la cuenta del periodista Melanio Escobar, muestra cómo varias personas se llevaron cargado a Capriles, quien no podía caminar. El hecho ocurrió en la parte baja de la autopista.

Vale recordar que, desde aproximadamente la 1:30 pm de este jueves la PNB y la GNB comenzaron a reprimir a los manifestantes para que no continuaran su camino a la Defensoría del Pueblo en Caracas. La oposición le pedía al defensor Tarek William Saab que como presidente del Consejo Moral Republicano actúe para proceder a la remoción de los magistrados del TSJ que han violado el orden constitucional.