Venezuela dio luz verde para las exploraciones del Arco Minero del Orinoco, concentrándose ahora en las explotaciones.

Al menos cinco planes se han aplicado para atacar la minería ilegal en el estado Bolívar y ninguno ha dado resultado, sin embargo, el Gobierno está más interesado en la exploración y explotación del Arco Minero del Orinoco, ambas prácticas igualmente devastadoras para la ecología en la zona.

El 30 de mayo la canciller Delcy Rodríguez se reunió con el viceministro de Recursos Minerales de Sudáfrica, Godfrey Oliphant, para establecer acuerdos sobre el Arco Minero, cuya zona de 114 mil kilómetros cuadrados cuenta con potencialidades para la explotación de minerales como el oro, cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales de alto valor industrial.

El Estado ha otorgado a trasnacionales varias concesiones para la exploración y explotación del Arco Minero del Orinoco, en cuya primera fase no está garantizada que el terreno posea minerales para su extracción, y tampoco obliga la recuperación de la zona, lo cual atenta con la ecología, poniendo en peligro a comunidades indígenas que habitan en las adyacencias, además de constituir un daño ambiental.

De acuerdo con la agencia estatal AVN, el Arco Minero del Orinoco atrajo nuevas inversiones a Venezuela por más de 10 mil millones de dólares, producto de cartas de compromiso firmadas por el Gobierno venezolano con empresas de Italia, Canadá, República Democrática del Congo y China.

El control de la minería ilegal

Por otra parte, en medio de estos acuerdos por los cuales se ha denunciado la presunta “limpieza” de zonas mientras al sur del estado Bolívar, con asesinatos por supuestos enfrentamientos de bandas o la masacre de Tumeremo, el tema de la minería ilegal sigue vigente.

Fuentes policiales ratifican la existencia de pranes mineros en Bolívar. En Tumeremo, municipio Sifontes, está la banda del Gordo, enemiga de la organización del Topo, a quien s ele atribuye la masacre de Tumeremo. El sector Las Claritas está bajo el mando del Negro Juancho, quien extorsiona a comerciantes y con ese dinero hace obras sociales.

En Guasipati, municipio Roscio, opera la banda del Husli, aun con su líder muerto, controlando las minas de Cicapra, Campanero y Florinda.

Capitán, mano derecha de Gordo Bayón, asesinado en Caracas a la salida de una reunión de sidoristas en Miraflores, es otro que domina importantes minas en Guasipati. En El Callao siguen el Toto y el Chingo, este último está detenido, pero dirige desde la cárcel. Fausto, el Ciego y el Sapito controlan las minas de El Dorado, El Manteco y La Paragua, respectivamente.

Por otra parte, destaca el caso de la mina de Las Cristinas, explorada por empresas canadienses hasta que perdieron la concesión por desacuerdos con el gobierno de Hugo Chávez, dejándola desierta y sin generar ingresos al Estado, contribuyendo a la minería ilegal, a pesar de no ser un espacio clandestino, sino que está custodiada por Fuerzas Armadas; de allí también las denuncias sobre la involucración de estos funcionarios en el negocio ilícito.

Así se maneja el negocio

El tema de la minería ilegal se maneja con normas centras en el cobro de vacunas o pagos de beneficios. Sin embargo, la mayoría de los pobladores no denuncian y manifiestan que “el pueblo está en paz” por la actuación de las bandas mientras, que han llegado a sustituir a instituciones oficiales como la Policía.

El oro también es usado como moneda de cambio y para la exportación a países vecinos, logrando salir bajo la complicidad o “descuido” de cuerpos de seguridad.

Mucho se ha advertido sobre los daños ambientales de explorar y explotar el Arco Minero del Orinoco, pero no ha sido suficiente para el gobierno. En la explotación ilegal no se usan técnicas apropiadas para la minería, destruyendo el ecosistema y provocando graves daños para la salud, al crearse nuevas vías de comunicación y asentamientos en zonas de selva que no han sido tomadas por el hombre.

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